A cierre de 2018 había más de 3,2 millones de parados registrados en los servicios públicos de empleo (SEPE), de los cuales casi 1,1 millón de los que han trabajado anteriormente no recibe ningún tipo de prestación, al menos por parte del Estado (podrían contar con alguna renta por parte de la comunidad), bien porque la han agotado ya o por no haber cotizado el tiempo suficiente para acceder a ella, algo a lo que contribuye la elevada temporalidad del mercado laboral español, donde más de uno de cada cuatro nuevos empleos tienen fecha de caducidad.
El porcentaje de personas desprotegidas se eleva hasta casi el 40% si se incluyen además a aquellas que están inscritas pero que han trabajado anteriormente (270.000) –como pueden ser los jóvenes que acaban de terminar sus estudios o amas de casa– o a los trabajadores agrícolas eventuales. De esta forma, la tasa de cobertura se situó a finales de 2018 ligeramente por encima del 60%, casi dos puntos más que el año anterior debido a la reducción del número de desempleados, ya que «no se han tomado medidas legislativas para mejorar la protección de las personas sin empleo», según denuncia el sindicato. Desde 2015, cuando tocó mínimos, se ha incrementando la cobertura de las personas desempleadas en más de cinco puntos, pero aún así se sitúa lejos de los niveles de 2009, cuando casi el 80% de los parados percibía prestaciones.
