Los encuentros semanales entre Trabajo, la patronal y los sindicatos suben de tono tras constatar que el Gobierno quiere acelerar los cambios a abril.

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Reuniones a voces: trifulca por las prisas de Díaz para cambiar la reforma laboral

“Tensas”, “crispadas”, “subidas de tono”… incluso “a voces”. Así describen fuentes del diálogo social las reuniones semanales que está manteniendo el Ministerio de Trabajo con la patronal y los sindicatos para avanzar en la contrarreforma laboral. Un tono bronco que, según las mismas fuentes, se ha instalado en estos encuentros especialmente después de que los empresarios constataran las intenciones de Yolanda Díaz de dar, en connivencia con los sindicatos, la primera estocada a la legislación del Partido Popular tan pronto como el próximo mes de abril. 

En las últimas citas –se reúnen cada viernes desde el pasado 31 de enero– el Ministerio ha trasladado a los interlocutores sociales su intención de acelerar las negociaciones para ejecutar el primer paquete derogatorio cuanto antes. Se trata de la fase más urgente en la que se están tratando asuntos tan espinosos como la subcontratación, la ultraactividad o la prevalencia de los convenios. Son las tres cuestiones que Trabajo ha puesto sobre la mesa, sin aceptar aportaciones de otros temas distintos por parte de la patronal y los sindicatos en este primer ’round’. 

Cuentan fuentes conocedoras del contenido de estas largas reuniones a puerta cerrada que se percibe un “gran enfado” en los representantes de CEOE y Cepyme por las “prisas” de Díaz. En la patronal interpretan que la ministra quiere pisar el acelerador para “sumar logros” en el inicio de la legislatura tras “empezar fuerte” con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Los empresarios se quejan de que el Gobierno no les ha dejado poner “ni un tema” sobre la mesa y empiezan a surgir reticencias entre sus socios por firmar este “contrato de adhesión –así lo denomina su presidente Antonio Garamendi– a cambio de nada”.

El equipo negociador de la CEOE ya trasladó a la Comisión de Diálogo Social y Empleo de la patronal que el nuevo Ministerio de Trabajo y Economía Social, que quedó bajo el ala de Unidas Podemos en la coalición progresista, pretendía reimplantar la ultraactividad perpetua de los convenios colectivos, recuperar la prevalencia del convenio de sector sobre el de empresa –un aspecto que genera división de opiniones dentro de la organización empresarial– y limitar la subcontratación a los servicios ajenos a la actividad principal de la empresa. 

Esta última cuestión provocó el rechazo frontal. Los empresarios aceptaron subir el salario mínimo a 950 euros para entrar con buen pie en el diálogo social, pero la subcontratación es una línea roja porque tal y como ha advertido el propio Garamendi los cambios planteados por el Gobierno trastocarían el sistema productivo. Se trata de un asunto complejo que ya se había abordado en las negociaciones con el anterior equipo de Magdalena Valerio y la patronal considera que reabrir la redacción del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores supondría una amenaza para los beneficios de ciertos sectores e incluso para la supervivencia de algunas de sus compañías.

Los empresarios no divisan el acuerdo en este controvertido punto, pero el Ministerio de Trabajo ya ha advertido de que habrá contrarreforma laboral con o sin el apoyo de la CEOE y la Cepyme. Según confirman fuentes ministeriales, “todo pasará por el diálogo social, pero si la patronal no firma, no puede haber una dejación legislativa por parte de un Ministerio que tiene un mandato de un programa político”. De manera que la mesa de diálogo se convierte en ese espacio de imposición que tanto malestar está provocando entre los negociadores. 

Polémica por la guía laboral frente al coronavirus 

La reunión de este viernes fue especialmente intensa. Los empresarios acudían con un ‘rebote’ considerable tras la polémica guía difundida por el Ministerio de Trabajo en un intento de facilitar un procedimiento de actuación en el ámbito laboral ante el coronavirus. La controversia que provocó este documento tanto por la forma –se llegó a cuestionar la coordinación de Díaz con Salvador Illa– como por el fondo –a ojos empresariales el tono es innecesariamente “alarmista”– llevó a Moncloa a emitir un comunicado zanjando que la gestión de la crisis del Covid-19 la coordina únicamente el Ministerio de Sanidad. 

En la CEOE interpretaron este comunicado de Moncloa como una enmienda a la guía editada por la Dirección General de Trabajo y como un espaldarazo a las organizaciones empresariales, que horas antes habían calificado la difusión del documento como un “grave error”. Fuentes oficiales del Ministerio, sin embargo, niegan cualquier descoordinación y aseguran que la guía ha tenido una “muy buena acogida entre las empresas, que la estaban reclamando para saber cómo actuar ante la falta de suministros” provocada por la epidemia sanitaria. 

Las mismas fuentes de Trabajo dicen no estar al tanto de ese tono bronco en las reuniones del diálogo social y remarcan el carácter afable del secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y su buena relación con la directora del Departamento de Relaciones Laborales de CEOE, Rosa Santos. Desde el otro lado, sin embargo, los interlocutores insisten en que la intensidad de los encuentros con el nuevo equipo del Ministerio dista mucho del tono más calmado en las reuniones mantenidas con la anterior responsable del área, Yolanda Valdeolivas. 

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