La Seguridad Social maniobra para hacer cotizar a árbitros y deportistas amateurs

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Esta temporada que acaba de finalizar los 20 árbitros que imparten justicia en la Liga Santander se han embolsado de media alrededor de 300.000 euros por cabeza, lo que según los medios especializados los sitúa como los mejor pagados del mundo. Los colegiados tienen, lógicamente, que tributar por estas ganancias en el Impuesto sobre la Renta, como rendimiento de actividades económicas, pero por el contrario no devengan cotización alguna a la Seguridad Social. El motivo es que no están encuadrados en ninguno de los regímenes que hoy en día existen en la Seguridad Social y este hecho no ha dejado de generar controversia en los últimos años, según aseguran a La Información fuentes jurídicas.

Un puñado de árbitros han decidido acudir a los tribunales a reivindicar la cuota de protección social que les corresponde por el ejercicio de esta actividad. Fuentes jurídicas conocedoras de estas iniciativas legales señalan que hasta ahora han encallado en la Justicia por la dificultad para determinar de forma clara la identidad del empleador. Los árbitros dependen de la Real Federación Española de Fútbol pero perciben su retribución, a razón de cerca de 4.000 euros brutos por partido arbitrado (en el caso de la Liga Santander) y en torno a 1.600 euros por partido en la sala VAR, de la Liga de Fútbol Profesional.

El último acuerdo alcanzado entre Liga y Federación -que viven un enfrentamiento enconado desde hace años- para determinar la escala salarial de los árbitros de LaLiga en primera y segunda división durante los próximos cinco años recogía también que la LFP asumiría el eventual coste derivado del encuadramiento de los árbitros en un Régimen de la Seguridad Social…

Tal cosa aún no ha sucedido, pero la Seguridad Social y los agentes sociales se han puesto manos a la obra para dar encuadre en el Sistema de Seguridad Social no sólo a los árbitros sino también a otro grupo de colectivos que perciben retribuciones que no devengan derechos en materia de Seguridad Social y entre los que destacan los deportistas semiprofesionales y amateurs, que perciben gratificaciones de los clubes por los que compiten pero eluden el pago de las cotizaciones sociales.

“El asunto se ha puesto sobre la mesa del diálogo social y el objetivo es buscar el mecanismo más adecuado para hacer cotizar a un grupo de actividades, muchas de ellas relacionadas con el deporte de alto nivel, que tienen incidencia económica pero que no dejan ni un euro a las arcas de la Seguridad Social”, comenta una fuente del diálogo social. Desde el Gobierno la iniciativa se presenta con otros argumentos: “Se trata de garantizar protección social a colectivos que desempeñan una función y que hoy en día no la tienen”. Todos reconocen que el asunto se puso sobre la mesa antes de las elecciones y que el parón generado por la sucesión de convocatorias electorales ha dejado el asunto en el aire.

Un régimen similar al de los futbolistas profesionales

En lo que se refiere a los árbitros, las fuentes consultadas señalan que la idea inicial es darles un encuadre similar al de los futbolistas profesionales. La problemática del encaje en el sistema de Seguridad Social de un colectivo tan singular como el de los futbolistas se resolvió asignándoles las bases de cotización correspondientes a diferentes grupos profesionales en función de la categoría del club para el que trabajaran. De este modo, los jugadores de la Liga Santander están equiparados al grupo de cotización de ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados (grupo 2), los de la Liga 123 al grupo de jefes administrativos y de taller (grupo 3), los de Segunda B al grupo de oficiales administrativos y el puñado de futbolistas profesionales que juegan en Tercera al de auxiliares administrativos.

De este modo, los árbitros se encuadrarían en uno u otro régimen de cotización en función de la categoría en la que pitaran. El asunto es algo más complejo, ya que la mayoría de ellos tienen una actividad profesional principal que compatibilizan con el arbitraje, lo que exigiría la introducción de elementos de ajuste para no sobrecotizar. Pero sobre esto no se ha avanzado gran cosa, según las fuentes consultadas.

Pero el foco de la Seguridad Social no se queda en los árbitros. El organismo ha detectado que el deporte de alto nivel ampara relaciones de naturaleza laboral que conllevan una retribución pero por las que no se cotiza. “Hablamos de jugadores y jugadoras de deportes no tan mayoritarios como el fútbol, que tienen una actividad semiprofesional o amateur por la que reciben una retribución determinada, en ocasiones bastante elevada, pero que no incluye su correspondiente cotización a la Seguridad Social y por tanto no genera derechos sociales”, advierte un fuente del diálogo social. Las futbolistas de la Liga Iberdrola y los jugadores y jugadoras de élite de deportes minoritarios que no tienen un salario amparado por un contrato laboral están en el punto de mira.

Los precedentes no son muy halagüeños. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ya realizó una batida sobre el deporte amateur en 2012 cuando inició una ola de inspecciones a clubes del fútbol base para regularizar la situación laboral de sus entrenadores y personal técnico y darlos de alta como otro trabajador cualquiera. La actuación del ‘brazo armado’ del Ministerio de Trabajo provocó una reacción social de gran magnitud ya que muchos clubes deportivos advirtieron que no podrían continuar con su actividad si se vieran obligados a dar de alta a sus ‘colaboradores’. 

La mediación del Consejo Superior de Deportes contuvo un poco la ofensiva y abrió la puerta a definir la relación laboral de los técnicos con sus clubes. Se manejó la constitución de un régimen especial de cotización a través de la Ley del Voluntariado o su encuadre como autónomos, pero la Administración no reguló la primera opción y ha venido considerando como falsos autónomos las relaciones laborales encuadradas de eso modo. En paralelo ha seguido exigiendo la regularización según los regímenes ya existentes de la Seguridad Social. Las inspecciones han continuado y el problema para el fútbol base todavía no se ha resuelto.

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