Las compañías mantienen con la Seguridad Social una deuda de más de 25 millones de euros por las obligaciones de la ‘cláusula Telefónica’ a la espera de las liquidaciones de 2018 y 2019, en las que las cifras se están disparando por la nueva oleada de EREs en la banca.
La gran empresa española lleva pagados más de 400 millones de euros desde que en 2011 entró en vigor la llamada ‘cláusula Telefónica’, una medida del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero matizada después por el de Mariano Rajoy que obliga a las empresas de más de cien trabajadores que ejecutan EREs teniendo beneficios a adelantar el coste del subsidio de desempleo de los trabajadores mayores de 50 años que son despedidos en esos expedientes.
La medida, conocida por ese nombre al tener su origen en el despido colectivo de más de 6.000 trabajadores que la multinacional española ejecutó el mismo año que, en plena crisis, obtenía un récord de beneficios de 10.000 millones de euros, ha aportado desde entonces 415 millones de euros a las arcas de la Seguridad Social, según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Sin embargo, los compromisos derivados de esa cláusula no están saldados, ni mucho menos, ya que la cantidad total que debería haber ingresado el Estado asciende a 442.
El descuadre se eleva a 26,6 millones de euros, un 6% del total, con débitos que se remontan a 2013 (14,2 millones, más de la mitad) y que siguen sin ser liquidados por mucho que las últimas gestiones de la cláusula queden en manos del Ministerio de Hacienda.
Evitar que el coste de los despidos se externalice y socialice
La ‘cláusula Telefónica’ tenía como objetivo descargar al Estado de una de las estratagemas de las que las empresas se han servido tradicionalmente a la hora de negociar y ejecutar los EREs: los periodos de desempleo a los que tenían derecho los trabajadores afectados, formalmente objeto de despido aunque su salida fuera voluntaria, se incluían en el cálculo de las indemnizaciones y/o se aprovechaban como un periodo de transición hasta el retiro, con lo que era el Estado el que venía asumiendo una parte de esos costes por la vía del subsidio, como han venido denunciando sindicatos como CGT, UGT y CCOO.
Esa triquiñuela, ante la que el propio Estado había preferido hacer la vista gorda durante décadas, agrandaba el boquete financiero de la Seguridad Social, ya que a menudo se trataba de empleados con largas carreras de cotización y elevados sueldos, especialmente en el caso de los antiguos prejubilados de la banca, lo que generalmente les daba derecho a dos años de subsidio y, a menudo, con las cuotas mensuales máximas.
Ante esa situación, el Ministerio de Trabajo optó en 2010, el año de la transición de Celestino Corbacho a Valeriano Gómez, por obligar a las compañías de más de cien empleados y con beneficios a adelantar el coste del desempleo de los mayores de 50 años, una exigencia que se sumó al convenio espacial con la Seguridad Social con el que cualquier empresa debe cubrir la cotización de los despedidos de más de 55 años hasta la edad de jubilación.
La derogación de esta medida, que impedía externalizar una parte del coste de los despidos antes de que la reforma laboral los abaratara y evitaba la socialización de esos gastos, ha sido una reivindicación constante de las empresas desde su entrada en vigor a principios de 2011.
“Volverá a aumentar la recaudación”
Las cifras facilitadas por Trabajo muestran cómo los mayores ingresos se produjeron en los años de mayor intensidad de la crisis, de 2012 a 2014, con registros de 94 a 156 millones de euros, para caer en picado a partir de ese año.
Buena parte de esas aportaciones corresponden (aunque no solo) a la banca, que en esos años, coincidiendo con el rescate, la bancarización de las cajas y el primer proceso de fusiones y absorciones, y aprovechando las facilidades que la reforma laboral ofreció a todo el tejido empresarial, ejecutó un descomunal recorte del empleo que ahora repunta con EREs como los de CaixaBank (2.023 bajas) o Santander (3.223) al que se suman los despidos colectivos en empresas de otros ramos como Vodafone (1.102).
Posicionamientos como los del Banco Central Europeo (BCE), partidario de seguir con unas fusiones que hoy por hoy tienen su principal freno en la ausencia de un Gobierno con todas sus competencias, y cambios de tendencia en materia de recursos humanos como los que se están dando en la mediana y la gran empresa, en las que los recortes de plantilla conviven con las cuentas saneadas, anticipan nuevos procesos de destrucción de empleo penalizados por la ‘cláusula Telefónica’.
“El descenso tras los primeros años está relacionado con la reducción de los EREs en las grandes compañías”, señalan fuentes de Trabajo, que dan por hecho que la recaudación por este concepto “volverá a aumentar” vista la evolución del mercado laboral en los últimos meses.
