El Gobierno pisa a fondo el acelerador y presiona a los socios europeos para que el primer tramo de los fondos de recuperación lleguen antes de final de año. Este esperado pago ya tiene la palabra de Bruselas, que dio su aval el viernes 3 de diciembre pero requiere previamente del visto bueno del Ecofin (consejo de ministros de Finanzas de la UE) y posteriormente del Comité Económico y Financiero (EFC, por sus siglas en inglés) Si este análisis es positivo y también lo avalan (o si pasa un mes sin que ningún país se pronuncie), el desembolso será autorizado.
El Gobierno ha destacado que el Ejecutivo comunitario dio su evaluación positiva en apenas tres semanas, sin agotar el plazo de dos meses de que disponía y eso permite acelerar todo el procedimiento. El tramo de 10.000 millones que espera España se unirá al anticipo de 9.000 millones que el Ejecutivo comunitario permitió a mediados de agosto y que no estaba sujeto a condiciones. El año 2021 se va a saldar con un total e 21.000 millones en ayudas europeas recibidos, 6.000 menos de los previstos y anunciados por Sánchez y que se han salvado en diciembre. La clave está en empezar 2022 sin grandes obstáculos para que recibir los primeros 12.000 millones.
El primer pago depende de más de 50 requisitos, entre ellos de las medidas del capítulo de la reforma laboral, pero también depende de asuntos de la reforma de las pensiones, sobre el que la Comisión necesita un documento claro que asegure la viabilidad del sistema a largo plazo y no se fía de los cálculos que ha planteado Escrivá para elevar las cotizaciones e invertir el dinero a diez años vista.
Los técnicos del gabinete de Úrsula von der Leyen han dejado caer en el entorno del Ejecutivo español que el planteamiento sobre la reforma del sistema de pensiones para garantizar su viabilidad futura es el mismo (idéntico) en el documento del paquete de reformas que se envió en el mes de julio y en el ‘operational agreement’ del pasado mes de noviembre, sin grandes avances ni compromisos adicionales sobre la ampliación de la edad de jubilación o del número de años para el cálculo de la pensión, tal y como se les había requerido.
El ‘toque’ de Bruselas mantiene todas las alarmas encendidas pues a mediados de enero hay que negociar el segundo paquete, y de ello depende casi la mitad de los 26.900 millones de euros que se pretenden obtener del Fondo UE en 2022.
El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que el titular de Seguridad Social ha puesto sobre la mesa, con una subida de 0,6 puntos en las aportaciones a la Seguridad Social durante diez años, tampoco ha aportado una gran carga de certidumbre en Bruselas sobre un proceso que, a su entender, va más allá de una operación de recaudación con una década por delante, pendiente de la evolución económica y que puede salir, o no, y que además no cuenta con el apoyo de los empresarios.
Fuentes comunitarias conocedoras de la negociación en marcha aseguran que lo que la Comisión quiere ver en la reforma española es un plan a medio y largo plazo que evite el desequilibrio que el sistema lleva arrastrando más de diez años y que se enfrenta ahora a uno de sus momentos más complicados con la generación más numerosa de su historia a punto de jubilarse. Por eso en la UE esperan un documento más amplio sobre pensiones en apenas un mes que los técnicos del Ministerio de la Seguridad Social ya están preparando, para que los próximos encuentros para poner más certezas sobre la mesa ante Celine Gauer, la responsable europea de los fondos y mano derecha de Von der Leyen.
Lo que el equipo de Gauer quiere ver es un reconocimiento oficial de que España va a ampliar los años de cálculo para las pensiones de los 25 actuales a 35, una opción que siempre ha manejado Escrivá pero que supone un recorte de las prestaciones superior al 6%. Frente a ello y ante la opinión pública, desde el Ministerio se desecha la idea de que las pensiones vayan a bajar, siempre y cuando se cumplan los cálculos del MEI que han estimado sobre el papel: algo más de 20.000 millones de ingresos adicionales hasta 2032, que se pretenden convertir en 42.000 una vez invertidos (una rentabilidad media anual de entre el 5% y el 7%).
A esa cuenta se le añade el recorte de los gastos impropios y una supuesta mejora del empleo y la economía para justificar que se puede aguantar el incremento de gastos que supone la jubilación de los ‘baby boomers’. Pero sobre la ampliación del periodo de cálculo, que fue uno de los primeros globos sonda lanzados, se advierte ahora que solo se haría como opción para que la gente elija los años que quiere cotizar o los cálculos en los que no pierda prestación por haber tenido una vida laboral con muchos altibajos.
