- De 79 personas contratadas el día de la inspección, solo 18 estaban trabajando
- La empresa dio de alta a 1.731 trabajadores en poco más de dos años
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha emitido en los últimos días varias sentencias que confirman las sanciones a jornaleros por fraude en el desempleo del Régimen Especial Agrario, pues fueron dados de alta “fraudulentamente, simulando una prestación de servicios que no era real ni efectiva”.
Las ocho sentencias dictadas en los últimos días se unen a las emitidas a principios de 2020, todas ellas relativas a una Inspección de Trabajo llevada a cabo en mayo de 2014 en la empresa Agrícola Espino de Carmona, que en poco más de dos años (entre enero de 2012 y julio de 2014) había dado de alta a 1.731 personas que habían cotizado un total de 36.358 jornadas.
Tras la inspección, el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) extinguió el derecho a desempleo de los trabajadores y les reclamó las prestaciones indebidas.
Según recuerdan las sentencias del Tribunal Supremo, en el momento de la visita de la Inspección, de de los 25 trabajadores que prestaban servicios, siete no estaban dados de alta en la Seguridad Social y otros cuatro percibían prestaciones por desempleo.
Aquel día la empresa contaba con 79 trabajadores en alta, de los que solo se encontraban trabajando 18, y los inspectores “no obtuvieron respuesta sobre la ausencia de los otros 61”.
El Supremo confirma las sentencias anteriores de Juzgados de lo Social y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que “consideró que había indicios suficientes para determinar una actuación fraudulenta, pues el número de contrataciones no se corresponde con la extensión de la finca y los cultivos a los que se dedica, además de que en la época de recolección, que es cuando más se necesita la mano de obra de obreros agrícolas, se acudía a contratar a empresas externas”.
En el caso de una trabajadora fraudulenta, recuerda su sentencia que las fechas de teórica contratación “se corresponden con la época de nula necesidad de mano de obra en los cultivos presentes en la finca, que eran de melocotón y nectarina”, “por lo que mal se puede concluir que prestara servicios efectivos para la empresa”.
En aquella fecha, la empresa tenía una deuda con la Seguridad Social de mas de medio millón de euros, recuerda el Supremo. Otras resoluciones recientes del TSJA han cifrado el adeudo en materia de cotización de 540.465 euros.
En el caso de otro jornalero, el TS afirma que el alta en la Seguridad Social “no correspondió a prestación de servicios reales, apareciendo como una mera formalidad con la intención de aparentar la realización de una serie de jornadas trabajadas y las cotizaciones necesarias para obtener las prestaciones por desempleo, lo que constituye un fraude de ley”.
El dueño fue detenido en 2017 por la venta de peonadas a 585 personas
En enero de 2017, la Guardia Civil informó de la detención del dueño de Agrícola Espino, Jesús E.H., por un presunto fraude de 614.440 euros a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública y por presuntamente vender peonadas a 585 personas para que pudieran cobrar el desempleo.
Según la Guardia Civil, el empresario vendía las peonadas a un precio de entre 15 y 25 euros por cada una y el 90% de los investigados eran amas de casa. Existían entre los beneficiarios familias completas, en las cuales todos su miembros se beneficiaron de las ayudas de forma ilegal.
