El Gobierno calculaba que la ayuda para desempleados en este rango de edad costaría 388 millones, si bien ahora admite que el gasto rozará los 700.
La convivencia de dos de las medidas ‘estrella’ aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pasada legislatura va a salir más cara de lo que se pensaba para las arcas públicas. Se trata de la mayor subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de la historia y de la recuperación del subsidio por desempleo para los parados mayores de 52 años. La primera se utiliza como referencia para determinar el nivel de renta máximo de los beneficiarios de la segunda. Por tanto, inevitablemente, el incremento del SMI del 22,3%, hasta los 900 euros, tiene un gran impacto en la factura que el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) desembolsa por estas ayudas a los desempleados ‘senior’.
Ahora bien, el impacto va a ser mayor de lo esperado. En concreto, el Ejecutivo aseguró que la recuperación del subsidio para mayores de 52 años supondría un desembolso de 388 millones de euros en 2019, pero la factura se va a disparar hasta los 695 millones, según se desprende del Plan Presupuestario que remitió a Bruselas el pasado día 15 de octubre y que, por cierto, han puesto en cuarentena las autoridades europeas por considerar que no respeta los requisitos comunitarios de ajuste del déficit estructural, control del gasto público y reducción de la deuda pública.
La culpa la tiene la subida del salario mínimo. Así lo justifican fuentes del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que explican que los 388 millones de euros se corresponden con el coste de la medida que se estimó en el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. “La diferencia con el Plan Presupuestario viene del efecto de la subida del SMI en los anteriores beneficiarios”, explican. Así, lo que aparece en el borrador de los presupuestos “es la suma del Real Decreto Ley y la subida del SMI”, matizan.
Hay que recordar que uno de los requisitos para acceder al subsidio es que el beneficiario tenga una renta inferior al 75% del Salario Mínimo Interprofesional, cantidad que el año pasado se situaba en 551,93 euros para un SMI de 735,9 euros. Sin embargo, tras el fuerte aumento del sueldo mínimo legal hasta los 900 euros ese umbral se ha situado muy por encima, en 675 euros, lo que ha ampliado el número de potenciales beneficiarios, incrementando consecuentemente la nómina mensual.
Además, tampoco hay que olvidar la sentencia 61/2018, de 7 de junio, en la que el Tribunal Constitucional tumbó uno de los recortes introducidos por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 y dictaminó que el cómputo de los ingresos y rendimientos de los posibles beneficiarios del subsidio ya no se realizaría según la unidad familiar, sino que computarían solo los ingresos individuales del desempleado. Esto también amplió el universo de potenciales beneficiarios.
Pero no solo eso. Hay que tener en cuenta que la subida del SMI lleva aparejada un alza sistemática de las bases de cotización a la Seguridad Social, lo que eleva automáticamente el desembolso en cotizaciones que asume el propio Sepe en nombre de los beneficiarios de los subsidios. Todo esto, según explican desde el departamento que dirige Magdalena Valerio, ha acabado por disparar la factura de esta ayuda de 430 euros que se puede cobrar hasta cumplir la edad ordinaria de jubilación.
De hecho, la mejora de esta ayuda especial para los parados de mayor edad y que, por tanto, afrontan más dificultades que los más jóvenes a la hora de reincorporarse al mercado laboral, ha desbocado el gasto total en subsidios en sus primeros meses de vida. El último dato, de agosto, refleja un incremento del gasto en subsidios del 26,5%, hasta los 430,8 millones de euros mensuales.
Los beneficiarios crecen un 33%
En los últimos registros del Sepe, del pasado mes de septiembre, constan 346.347 beneficiarios del subsidio, mientras a estas alturas del año pasado había 261.249 mayores de 55 cobrando esta ayuda. La nómina de beneficiarios se ha incrementado cerca de un 33% en un año. Hay que recordar que hasta que el PSOE rebajó la edad a 52 años por decreto el pasado mes de marzo el acceso se determinaba por esos 55 años que había establecido el PP. Es precisamente otra de las mejoras de los requisitos que ha elevado la factura.
En paralelo, tampoco se puede ignorar el frenazo que está experimentando el mercado de trabajo en los últimos meses y el impacto que esta desaceleración tiene sobre el aumento del desempleo y, en consecuencia, de los beneficiarios de prestaciones y subsidios. De cualquier manera, el propio Ministerio de Trabajo ya reconoció que tenía pocas esperanzas en que el colectivo de parados ‘senior’ se redujera en los próximos años. Es más, sus cálculos del subsidio para mayores de 52 años se basan en un incremento del gasto acumulativo porque, según defienden fuentes del departamento de Valerio, “se entiende que el número de parados se mantiene en el siguiente ejercicio”. En total, este colectivo va a suponer un desembolso de más de 4.000 millones de euros en cuatro años, a razón de 695 millones en este 2019, 993 millones en 2020, 1.196 millones en 2021 y 1.263 millones en 2022.
