El envejecimiento de la población, bajas tasas de actividad y prestaciones de protección social que suben cada año, poco a poco, para hacerlas más justas dibujan, junto a otros factores geográficos, un escenario complicado de sostener, con un porcentaje muy elevado de perceptores de ayudas y coberturas sociales y otro, cada vez menor, que afronta en buena parte su sustento. La situación obliga a replantearse el actual sistema y los partidos políticos ya han puesto sus cartas sobre la mesa, que van desde buscar nuevas vías de financiación para las pensiones a alargar la fecha de retiro e, incluso, adelantar la jubilación para facilitar la entrada en el mercado de nuevos activos.
En principio, todas las opciones están presentes, además de una rebaja de la cuantía de las pensiones o una subida de las cotizaciones que garantice la sostenibilidad futura del sistema, pero los datos que ofrece la estadística de la Seguridad Social muestran ya un panorama con muchos nubarrones en el que hay un 26% de los españoles recibiendo distintas prestaciones -desempleo (4,1%) o pensiones de todo tipo (21%)- y en el que el coste per cápita para cubrirlas supera ya los 246, aunque con importantes diferencias entre provincias. El coste total ronda los 11.500 millones de euros.
Un análisis detallado de las prestaciones sociales desde el punto de vista geográfico muestra una situación muy preocupante en Ourense y Lugo, donde las coberturas y las ayudas sociales con respecto a la población total superan el 40% -14 puntos porcentuales más que la media española-, y en Asturias y en León, en este caso porque el gasto per cápita destinado para el pago de jubilaciones y desempleo, fundamentalmente, es de 377,9 euros y 333,8 euros, respectivamente, muy por encima de la media nacional que se sitúa en 246 euros.
Las pensiones contributivas tienen especial incidencia en las dos provincias gallegas, claramente envejecidas y en las que el número de pensionistas es mayor que el de ocupados. Tanto en Lugo como en Ourense hay un 35% de beneficiarios de estas prestaciones con respecto a la población, con un coste por habitante superior a 250 euros. Mientras, en León y, especialmente, en Asturias, con un porcentaje de pensionistas que supera el 30%-, el efecto de la minería tiene un importante impacto en el desembolso destinado a las prestaciones, ya que las del régimen del carbón son muy elevadas y se pagan durante más años.
En el extremo opuesto se encuentran Guadalajara, Almería, Madrid y Toledo, cuatro provincias con un porcentaje de beneficiarios de prestaciones sociales entre el 20% y el 22%. En el caso de Guadalajara, pese a ser un ejemplo habitual de la España vacía y envejecida, con pueblos que en muchos casos no llegan a los 70 habitantes empadronados y que en invierno están prácticamente despoblados, fundamentalmente la zona de Sierra Ministra, el desarrollo económico de determinadas áreas propiciado por Madrid y que muchas localidades se han convertido en ciudades dormitorio para jóvenes han conseguido frenar el efecto envejecimiento y propiciado que sea una de las provincias más sostenibles.
En la misma línea, se encuentra Almería, una provincia que se ha convertido en un oasis en Andalucía, con un porcentaje reducido de beneficiarios de desempleo y, sobre todo, de pensiones contributivas, que además son de las más bajas de España. Todo esto, unido a una población muy joven, hacen que los ‘dependientes’ de prestación sean muy pocos y el gasto per cápita muy bajo. Almería estaría entre las provincia españolas más autosuficientes y la primera de la Península, según destacaba recientemente La Voz de Almería a partir de estadísticas del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Así, si las pensiones se gestionasen en cada provincia de forma individualizada, los almerienses se podrían financiar con sus propias cotizaciones sociales el 98% del importe de las jubilaciones y solo se verían superados por el superávit que registran los melillenses (111%), los mallorquines (106%) y los ceutíes (100%). La media española de autofinanciación se sitúa en el 70,5% y las provincias que menos porcentaje consiguen de autofinanciación son Zamora (46,8%), Ourense (46,7%), Lugo (45%) y León (39%).
Mientras, el efecto turismo, una población joven y un número muy limitado de pensionistas hacen que Alicante, Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, se conviertan, junto con Almería, en las provincias en las que sus ciudadanos tienen que realizar un menor esfuerzo para cubrir el gasto de las prestaciones sociales. En ninguno de los casos superan los 190 euros y, en el caso de la provincia andaluza, es de solo 160 euros.
