Dieron de alta a 100 empresas fantasma en Granada para estafar a la Seguridad Social

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La finalidad era que obtuvieran indebidamente los correspondientes emolumentos a cargo de la Seguridad Social por subsidios de desempleo y similares

Entre uno y nueve años de cárcel. Esa es la pena que pide la Fiscalía de Granada para cinco acusados de estafa agravada que supuestamente dieron de alta a casi cien personas en empresas ficticias para obtener subsidios o regularización en el país, con lo que defraudaron a la Seguridad Social 826.624 euros.

Según consta en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, el procesado principal, J.L.L.G., tras lo acordado con el resto de acusados, dio de alta en varias empresas ficticias con sede en las localidades granadinas de Baza y Huéscar a un nutrido grupo de presuntos trabajadores.

La finalidad era que obtuvieran indebidamente los correspondientes emolumentos a cargo de la Seguridad Social por subsidios de desempleo y similares.

Para ello, el procesado presentaba la documentación a nombre de los implicados, como presuntos contratos de trabajo de esas empresas, cuando en realidad ningún empleado había desempeñado actividad laboral alguna.

En otras ocasiones, facilitaba a ciudadanos extranjeros el mismo tipo de documentación incorporándola a los expedientes tramitados en la Oficina de Extranjería de Granada.

Con ello se adquiría autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, a los efectos de acreditar una inexistente situación de arraigo.

A cambio de estas gestiones, el acusado solía cobrar una cantidad económica al beneficiario, ya fuera para obtener indebidamente el subsidio o la autorización de residencia.

Así, actuó de común acuerdo con otros cuatro acusados dando de alta a hasta 89 personas como presuntos trabajadores en las empresas con el ánimo de enriquecerse a costa de la Seguridad Social.

Del mismo modo facilitó documentación de contratos de trabajo de las sociedades a una decena de ciudadanos extranjeros para regularizar su situación administrativa en España, incorporándolos a sus expedientes y acreditando un falso arraigo.

Las cantidades defraudadas ascienden a 816.428 euros por prestaciones de desempleo y hasta 10.196 euros por prestaciones de incapacidad temporal.

Por todo ello la Fiscalía solicita para el principal acusado nueve años de cárcel, seis y multa de 4,89 millones de euros y la pérdida de subvenciones o incentivos fiscales durante ocho años por el delito de falsedad y estafa; y tres como acusado de un delito continuado de falsedad.

Para otro procesado pide un año de cárcel y una multa de 14.400 euros como presunto autor de un delito de falsedad en documento oficial por particular.

Por el delito contra la Seguridad Social se solicita una condena de un año de cárcel para otros tres acusados, que junto al resto se enfrentarán a este juicio los próximos 23 y 24 de junio en la sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada.

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