Trabajo baraja facilitar el PER (*) a los agricultores de Andalucía y Extremadura

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(*) Nota de laboralpensiones: El antiguo PER (Plan de Empleo Rural) cambió de denominación en 1996 a Plan de Fomento de Empleo Agrario (PROFEA) Tras un periodo de trabajo de 35 jornadas, se genera, si se cumplen el resto de requisitos, derecho al subsidio agrario durante 6 meses. A finales de 2018, el Gobierno de Sánchez las bajó a 20 días en la campaña anterior por una sequía en Andalucía. Un año antes, Fátima Báñez (PP) las había bajado a 30 por otra mala cosecha. En octubre de 2019, en la campaña electoral, Sánchez anunció en Jaén una rebaja de las peonadas. lo hizo como una respuesta a los aranceles de Donald Trump. Aunque las ofertas se gestionan a través de las oficinas de empleo, son los ayuntamientos los que habitualmente informan sobre los proyectos municipales que se van a llevar a cabo mediante los fondos de este plan. La financiación proviene en un 60% de la Administración General del Estado, y el 40% restante se aporta entre las Comunidades Autónomas y las Diputaciones Provinciales. Según datos de 2018, 150 millones € se asignaron a Andalucía, 40 millones a Extremadura y 30 millones a las zonas rurales deprimidas en otras CCAA

El Gobierno podría poner sobre la mesa una de las medidas que viene barajando, para paliar la situación del sector agrícola y ganadero, en la reunión que mantendrán hoy la ministra de Trabaj y Economía Social, Yolanda Díaz y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias con sindicatos agrarios y a la que, según fuentes consultadas, no habría sido convocada – al menos inicialmente- una de las de las principales organizaciones agrarias: Asaja. Todo ello, tras haberse aplazado inicialmente otro encuentro al que habían sido convocados las ramos extremeña y andaluza de UGT y Comisiones Obreras. Además de Asaja, COAG y UPA, en representación del sector agrario.

Sobre la mesa de la reunión con Iglesias y Díaz podría estar la flexibilización de las condiciones, con las que se puede acceder al subsidio agrario para personas trabajadores residentes en Andalucía y Extremadura (antes conocido como PER). Una forma de compensar la difícil situación que atraviesa el campo, especialmente el andaluz y el extremeño. ¿Cómo? Por ejemplo, rebajado el número de jornadas o peonadas necesarias para acceder a esta prestación, y que se sitúan en los 35 días dentro de los doce meses naturales anteriores a quedarse en paro, según la web del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En concreto, existen dos tipos de subsidios: Uno a favor de trabajadores eventuales adscritos al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios de la Seguridad Social y otro dirigido, más específicamente, a los mayores de 52 años inscritos en el citado Sistema Especial.

Por otra parte, este jueves el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reunió ayer con los representantes del sector de frutas y hortalizas ante quienes repasó problemas como los bajos precios en origen, la aplicación de los acuerdos comerciales con terceros países o los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos como la aceituna. Planas se reafirmó en su intención de introducir cambios en la Ley de la cadena alimentaria de forma inmediata para regular las ventas a pérdidas o la publicidad de las sanciones, dejando para más tarde la trasposición de la directiva europea sobre prácticas comerciales desleales. En su intervención también apostó por la «aplicación estricta» de la normativa europea para productos agroalimentarios de terceros países.

Escepticismo en el sector

El ministro, que calificó la reunión de «muy interesante y positiva», no terminó de convencer a los representantes de Asaja, COAG y UPA. Cristóbal Aguado, vicepresidente nacional de Asaja, anunció que el campo seguirá con las movilizaciones hasta principios de marzo; mientras que desde COAG, su responsable de frutas y hortalizas Andrés Góngora, concluyó que de «la reunión con el ministro salimos peor de lo que entramos» e instó a volver a publicar los estudios de precios de la cadena de valor «que no se realizan desde 2011», y anunció la continuidad de las manifestaciones. Por su parte, Lorenzo Ramos (UPA) exigió a que los cambios en la Ley de cadena alimentaria entren «en vigor cuanto antes»

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