- El CSIF remitió una carta y aún no tiene respuesta
- El Ministerio de Función Pública lo defendió en el Congreso
Una parte del Gobierno pide el fin de las mutualidades mientras que la otra parte se resiste. Esa es la situación que se vive en torno al sistema de aseguramiento de los funcionarios públicos, que lleva recibiendo ataques desde que comenzó el año pero que vivió el capítulo más amargo cuando vio la luz el documento del Ministerio de Sanidad Plan de Acción para la Transformación del Sistema Nacional de Salud en la era Post-Covid 19.
En el informe, dentro de las acciones a emprender para “mejorar la eficiencia económica en salud”, se marca en su primer punto que hay que “abordar, en el sentido que orienta la Ley 14/1986, General de Sanidad, la situación de las mutualidades con financiación pública directa (Muface, Mugeju e Isfas), así como la financiación indirecta mediante desgravaciones a seguros comerciales de salud”. Una frase que el sector entiende como una eliminación de facto.
Cuando se conoció el informe, el sindicato mayoritario de los funcionarios (CSIF) remitió una carta al titular de Sanidad, Salvador Illa, pidiendo una aclaración sobre sus planes, así como solicitándole una garantía de su mantenimiento. La carta se envió hace un mes y desde aquel día el sindicato espera una respuesta. “Aún no hemos recibido nada”, aseguran.
Los planes que guarda Sanidad contrastan con las declaraciones públicas (y en cámara parlamentaria) del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. La titular de esta cartera, Carolina Darias, afirmó en el Congreso de los Diputados a finales de febrero que el Gobierno apoyaba el modelo, una respuesta similar a la ofrecida al senador del Partido Popular Antonio Román en mayo, donde se volvía a mostrar un apoyo por el modelo actual.
A las diferencias de criterio gubernamentales se le une la cuestión temporal. La última opinión vertida es la que recoge el informe de Sanidad y de ahí que el sindicato CSIF pida la aclaración a Illa.
El documento de Sanidad responde también a una de las peticiones de Podemos desde que llegó al Gobierno. La secretaria de Sanidad, Amparo Botejara, aseguraba a elEconomista a mediados de febrero que este sistema genera una gran desigualdad entre ciudadanos y que si el objetivo real del Gobierno es fortalecer el sistema público, este modelo carece de sentido. “Se trata de una gran desigualdad entre los funcionarios y el resto de la población. Imagine que existieran colegios a los que solo pudieran acceder hijos de funcionarios… no tendría sentido”, aseguraba entonces la responsable de la formación morada.
La fórmula que se planteba Botejara no es un decreto de la noche a la mañana, sino un sistema paulatino que hiciera morir al sistema con el tiempo. “Nosotros estamos de acuerdo en que las nuevas incorporaciones de funcionarios vayan a la sanidad pública y no a un sistema de aseguramiento. Además, hoy en día se puede elegir semestralmente si quieres pertenecer a Muface o a la pública, algo que tampoco nos gusta porque lo que comprobamos es que hay gente que elige Muface para problemas menores, para evitar las listas de espera, pero cuando tienen algo grave eligen la pública”, decía.
El documento de Sanidad responde a una serie de reformas en el Sistema sanitario para la era post-Covid. El texto fue dirigido por el entonces secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, que dejó su cargo en favor de la nueva secretaria de Estado de Sanidad, la epidemióloga sevillana Silvia Calzón. Habrá que esperar para ver si la medida sobre las mutualidades así como otras que recogía el documento se mantienen en la agenda de Salvador Illa con el cambio de altos cargos.
La pérdida de un ahorro
Pero más allá de las cuestiones políticas, ¿qué coste tiene para las arcas públicas que un funcionario pertenezca a una de las tres mutualidades existentes en España (Muface, Mugeju e Isfas)? Pues la respuesta es que es más barato que si estuviera bajo el paraguas de la asistencia pública.
La Fundación IDIS realizó un estudio en el que comparaba el coste anual de la asistencia médica para un ciudadano acogido al régimen general y otro perteneciente a una mutualidad. El coste per cápita para el primer caso, de media nacional, es de 1.291 euros, mientras que la prima de Muface es de 864 (ambos datos relativos a 2019). Si se tiene en cuenta que de los casi dos millones de mutualistas existentes en España algo más de 1,2 millones responden a Muface, el ahorro potencial que produce es de 512 millones de euros.
La otra pata del informe pide revisar las desgravaciones fiscales por tener un seguro privado de salud. Es una medida que desincentiva su contratación, y hay que recordar que sin la aportación sanitaria de la privada, el sistema público no podría asumir casi nueve millones de usuarios más que es lo que absorbe la privada.
