Entre enero y junio la lista de espera subió en 6.700 personas, hasta superar las 256.000. La falta de un Gobierno que apruebe un nuevo presupuesto aboca al sector a más parálisis
La angustia de las familias no entiende de gobiernos de coalición o de cooperación. Ni de pactos a la portuguesa. Sí sabe de números: los que estrangulan la dependencia en España. Tanto, que la lista de espera ha aumentado estos seis primeros meses del año, algo que no ocurría en un semestre desde 2015. Más de 256.000 personas aguardan a recibir la ayuda. Otras 139.000, a ser valoradas para saber si esta ley que está pidiendo a gritos más recursos les reconoce el derecho a una prestación. La financiación es el gran talón de Aquiles de una norma que nació en 2006 y no ha terminado de desplegarse. Aún no se ha recuperado de los recortes de 2012. La incapacidad para formar Ejecutivo condena al sector a más parálisis.
Si se estudian los datos por semestres, se constata el retroceso en 2019. De enero a junio, la lista de espera ha subido en 6.700 personas. Los solicitantes y beneficiarios han ido en aumento en los últimos años, hasta alcanzar más de 1,8 y cerca de 1,6 millones. Pero hasta ahora el sistema ha ido absorbiéndolos, el saldo de enero a junio o de julio a diciembre era negativo. El primer semestre de 2018, por ejemplo, la lista de espera se redujo en 21.000 personas. Esta tendencia se frena. Hay que remontarse al segundo semestre de 2015 para ver un incremento, debido a la incorporación de los dependientes leves, que hasta entonces no habían podido presentar sus solicitudes. Ahora el principal escollo es la financiación.
“A finales de 2018 eran unos 98.000. En junio había casi 105.000. Este es el mayor drama. Aunque suben los beneficiarios, las comunidades autónomas han priorizado a los menos graves”, explica José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, expertos en el sector. “Si sumamos a quienes están en lista de espera y tenemos en cuenta que aproximadamente al 80% que aguarda a ser valorado le será reconocida la dependencia, hay unas 368.000 personas sin atender”.
Aunque las competencias están transferidas, el Gobierno debe cofinanciar el sistema al 50% con las comunidades. Solo aporta el 20% del gasto público. El año pasado presupuestaron 1.330 millones de euros. Desde 2012, el recorte acumulado a las autonomías supera los 3.000 millones, según esta asociación. “Mientras seguimos con bloqueo político, sin aliviar la carga de las comunidades, más de 80 personas en lista de espera fallecen al día”, sostiene Ramírez. “No deberían irse de vacaciones hasta formar un Ejecutivo que evite esto.
Al sistema se le escapó una inyección de 515 millones cuando Pedro Sánchez no logró el respaldo a las cuentas pactadas con Unidas Podemos. Si el nuevo Gobierno se forma en agosto, podría dar tiempo a tener un presupuesto nuevo para 2020. Si no, es más que probable que se vuelva a prorrogar el de 2018, que también ha estado vigente este año. Fuentes del Ministerio de Sanidad apuntan que la dependencia es “una prioridad”, “como quedó de manifiesto en los presupuestos” y con la recuperación del pago de la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras familiares.
“Se necesita dinero. Si una norma no tiene financiación, acaba muriendo sola. Volver a ponerla en pie va a costar”, replica Aurelia Jerez, presidenta de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Dependencia. Durante el mandato de Sánchez no se han subido las partidas. “Nos hemos quedado a las puertas”, recuerda Ramírez. “Primero, el Gobierno paralizó la pequeña subida que iba a llevar al Consejo Territorial de Servicios Sociales [donde se reúnen las comunidades y el ministerio] porque trascendió que era la misma que planteaba el Ejecutivo de Rajoy. Después nos quedamos sin presupuestos. Luego vivimos pendientes de los viernes sociales sin que llegara un decreto que diera oxígeno al sistema. Y ahora seguimos sin Ejecutivo”, enumera.
Se quintuplican las cuidadoras que cotizan
El número de cuidadoras no profesionales dadas de alta en la Seguridad Social se ha más que quintuplicado desde el 1 de abril, cuando entró en vigor el decreto ley por el cual el Estado pasó a asumir el pago de las cuotas. Hasta ese día, y tras los recortes de 2012, había recaído en los familiares que tenían a una persona con dependencia en casa. La medida del Gobierno supone 315 millones de euros.
A 31 de marzo, 7.304 personas estaban dadas de alta. Ahora cotizan más de 40.000 —casi el 90% son mujeres—, según datos del 9 de julio difundidos recientemente por el Gobierno. La cifra contrasta con los más de 415.000 dependientes que reciben esta prestación. Antes del tijeretazo de Mariano Rajoy, más de 170.000 cuidadoras estaban dadas de alta. “Pedimos a las comunidades que hagan una campaña, que avisen a los servicios sociales y expliquen el procedimiento a quienes puedan de beneficiarse de la medida”, reclama José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
