Sánchez atrasa la reforma de los ERTE y ‘torpedea’ decenas de ajustes de plantilla

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Excluye la flexibilización de los ajustes temporales de empleo, crítica para las empresas, de su primer paquete de medidas pese al consenso social.

El dicho insta a no confundir lo urgente con lo importante. Pero a veces ambas circunstancias coinciden. En la imprudente y multitudinaria macrorreunión presencial convocada por Antonio Garamendi el pasado martes por la tarde para recabar las demandas de todos los sectores y territorios de CEOE de cara al proceso de negociación con sindicatos y Gobierno para dar una primera respuesta de urgencia al desafío de la crisis del ‘coronavirus’, la flexibilización de la normativa que regula los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por causa de fuerza mayor emergió como una de las demandas más acuciantes del tejido empresarial ante el desplome de su actividad y la certeza de que plantear un ERTE por la vía ordinaria podría dilatar el proceso durante un periodo superior a un mes. “Hay empresas que no aguantarán un mes más con su actual plantilla”, trasladaron a Garamendi los representantes de al menos dos organizaciones sectoriales de CEOE, según aseguran fuentes presentes en esa reunión.

La situación debió de percibirse también como ‘urgente e importante’ por parte de los sindicatos porque la flexibilización de los ERTE por causa de fuerza mayor se incluyó como parte del documento de propuestas que CEOE, Cepyme, UGT y CCOO acordaron el jueves por la mañana y elevaron acto seguido al Gobierno para su correspondiente desarrollo, con el aval del sello de la concertación social. El documento de los agentes sociales animaba a ampliar el catálogo de situaciones que permiten acogerse a este canal express para realizar un ajuste de plantilla para “evitar situaciones irreversibles para las empresas y el empleo“. Una llamada de atención en toda regla.

De fondo, la acumulación de anuncios de ajustes temporales de plantilla durante los últimos días al compás de la cada vez mayor alarma social y acción restrictiva de las autoridades para contener el ‘coronavirus’. Había el convencimiento general de que el Gobierno incluiría la medida en el primer paquete de medidas de urgencia para paliar los efectos económicos de la pandemia, pero esa expectativa no se ha concretado y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contestó, preguntado sobre el particular, que esa sería una de las materias que se irían abordando “en las próximas semanas”.

Fuentes del sector empresarial reconocían en la tarde del jueves su decepción por la no inclusión del cambio de la regulación legal de los ERTE en ese primer paquete de medidas. “Esperemos que no signifique nada y que el asunto se apruebe como tarde en el Consejo de Ministros del martes. Muchas empresas no aguantan más”, señalan.

Las dudas sobre el desarrollo futuro de la medida alcanzan hasta al propio presidente de CEOE, Antonio Garamendi, que tras la cumbre con el Gobierno y los sindicatos respondió con un lacónico, “creemos que sí”, a la pregunta de si habían arrancado del Gobierno el compromiso de flexibilizar los ERTE por causa de fuerza mayor. Sí dijo que era una medida clave que se había puesto sobre la mesa y que la organización empresarial había planteado su posible aplicación con carácter retroactivo ante la eventualidad de que su aprobación práctica se demorara aún algunos días más.

Tanto desde las organizaciones de CEOE como desde los despachos de laboral se estiman en decenas los ERTE embalsados a la espera de conocer de forma fehaciente -es decir, negro sobre blanco en el BOE- las intenciones del Gobierno respecto a esta figura. Ninguna empresa quiere transitar por la vía ordinaria si existe la posibilidad de que se le aplique la regulación de los ERTE por causa de fuerza mayor. Las razones son varias, pero se resumen básicamente en que en esta modalidad la Seguridad Social asume el pago de las cotizaciones sociales de los trabajadores cuya relación laboral con la empresa ha quedado suspendida de manera total o parcial.

Además, el acuerdo alcanzado entre empresarios y sindicatos resuelve el principal problema que se podía plantear con los ERTE por causa de fuerza mayor, que es la justificación de las causas para el mismo. El acuerdo elevado al Gobierno conviene que dada la situación de excepcionalidad creada por el coronavirus es necesario ampliar el catálogo de causas de fuerza mayor para incluir todas aquellas que se puedan derivar de las medidas preventivas aplicadas tanto por las empresas como por las autoridades sanitarias para contener la propagación del virus. Se habla en este caso de cierre de centros de trabajo, la cancelación de actividades, las restricciones a la movilidad de personas o mercancías, los aislamientos para evitar contagios o la carencia de suministros.

Aparece aquí como ejemplo claro del compromiso del departamento de Yolanda Díaz con este principio el caso de la multinacional japonesa Fujitsu, que anunció un ERTE en su factoría de Málaga bajo la modalidad de ‘causa de fuerza mayor’ que después tuvo que aplazar al contar por el momento con material suficiente para el desarrollo de su actividad, mientras busca nuevos proveedores. “Hay que tener muy claras las causas de fuerza mayor”, matizan estas fuentes.

El planteamiento desafía las fronteras marcadas en un primer momento por el Ministerio de Trabajo, que dejó bien claro en su controvertida guía de acción ante la crisis sanitaria por el Covid-19 que la Autoridad Laboral sólo consideraría causa de fuerza mayor el cierre explícito de un centro de trabajo por parte de la Autoridad Laboral o su inclusión en una zona de aislamiento o cuarentena, eliminando de partida cualquier otra causa indirecta. Es más, Trabajo se encargó de deslizar que velaría por que las empresas no utilizaran este cauce para ejecutar ajustes de plantilla sin cumplir los criterios establecidos en la ley.

El asunto no es menor. El Fondo Monetario Internacional ya advirtió hace apenas unos días de que determinadas medidas de política económica eran indispensables para evitar una oleada de quiebras y despidos.

Volkswagen o Air Europa son algunas de las empresas más conocidas que ya han planteado a sus sindicatos su intención de plantear un ERE por causas de fuerza mayor, pero que esperan a la decisión definitiva del Gobierno al respecto para concretarlo en los próximos días. De momento, la única referencia oficial que existe son las lacónicas palabras del presidente del Gobierno: “Es uno de esos asuntos que se tratarán en las próximas semanas”.

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