Las pensiones vuelven a ganar poder adquisitivo con inflación diez años después

En el año 2009 el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una revalorización de las pensiones del 2% para asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo. Habitualmente, los gobiernos aprobaban esta subida al inicio de cada año y como el IPC siempre era superior, compensaban el diferencial con una ‘paguilla’ extra al final del año. Sin embargo, en 2009 todo cambió, la crisis acababa de estallar y ya nada volvería a ser lo mismo. El 1 de enero los pensionistas vieron subir su paga un 2% mientras el IPC se hundía. Tanto que cerró el año con una caída media de los precios del 0,3%. Ese año los pensionistas vieron elevado su poder adquisitivo nada menos que un 2,3%.

El Pacto de Toledo criticó la mala gestión de la revalorización que se había hecho y así lo incluyó en las recomendaciones aprobadas en 2011, que fue la última vez que hubo un acuerdo en el Pacto. En ese momento, se introdujo el concepto de IPC real, tan repetido en los últimos meses.

En concreto, las pensiones han subido un 1,6% desde el 1 de enero, una subida que es la que dejó firmada el Ejecutivo de Mariano Rajoy en sus Presupuestos de 2018. Esto es, a pesar de la desaceleración de la economía y la recaída del petróleo de los últimos meses del año.

Como ocurrió en 2009, ya se preveía un frenazo de la inflación antes de realizar la subida de las pensiones, pero el Gobierno optó por hacer caso omiso a las recomendaciones del Pacto de Toledo. En enero, el IPC moderó su avance hasta el 1%, lo que significa que los beneficiarios han iniciado el ejercicio con una importante ganancia de poder adquisitivo. No solo eso, todos los indicadores apuntan a que la inflación se mantendrá contenida a lo largo del ejercicio. El IPC subyacente (que excluye los alimentos frescos y la energía) es el indicador que mejor refleja las presiones de precios en una economía y en España está en el 0,8%. Esto evidencia que, si no hay un fuerte repunte del precio del petróleo, es de esperar que los precios se mantengan moderados a lo largo del año.

El Pacto de Toledo estableció en 2011 que cuando un Gobierno subiera las pensiones por encima del IPC real, estaría obligado a corregir esta desviación para que no se consolide, o a dar explicaciones ante la Comisión. Nadie espera que la subida no se consolide, porque eso significaría recortar las pensiones en 2020 o subirlas por debajo del IPC, lo que políticamente es muy complicado. La alternativa, entonces, es que el Gobierno explique al Pacto de Toledo por qué ha tomado la decisión de subir las pensiones por encima del IPC y que lo acompañe “de las oportunas proyecciones macroeconómicas y datos financieros que fundamenten dicha decisión y que aseguren su adecuación al requisito de sostenibilidad del sistema”.

Nadie duda de que esta subida de las pensiones del 1,6% agrava el déficit de la Seguridad Social y complica más la sostenibilidad futura del sistema. Pero esta decisión de subir las pensiones por encima del IPC no responde a ningún otro criterio que el electoralista. El pasado mes de diciembre, el Ejecutivo ya era consciente de que la legislatura tenía poco recorrido y, a pesar de ello, optó por aprobar una revalorización superior al IPC. Esto es, una decisión que, según las recomendaciones del Pacto de Toledo, supone una “desvirtuación” del principio de mantenimiento del poder adquisitivo.

Desde el año 2008 los pensionistas han tenido una pérdida de poder adquisitivo de unos dos puntos. En este periodo, los precios han subido casi un 12%, mientras que las prestaciones se han incrementado casi un 9,5%. Esta pérdida de poder adquisitivo se compensará en parte este año.