No hay forma indolora para generar ingresos suficientes. Parece inevitable explorar alternativas fiscales
Tenemos intuiciones sobre todo tipo de cosas, desde la política a la justicia o la inmigración. Con frecuencia no las contrastamos, las damos por descontadas sin más, quizá porque encajan con nuestra forma de ver el mundo.
1. Una de esas intuiciones, muy extendida, sostiene que el gasto social, pilar básico del estado del bienestar, se ha reducido en la última década. ¿Es cierto?
Si vemos los recursos dedicados a gasto social, que incluye sanidad, educación, pensiones y protección social (desempleo, dependencia…), la tentación es decir que no. El gasto social ha subido más que la inflación y su peso en el PIB, la forma habitual de medirlo, ha pasado del 22,5% en 2007 al 26,8% del PIB en 2018.
Sin embargo, esta visión es incompleta por tres razones. Primero, no todos los capítulos han corrido la misma suerte. El grueso de la subida está en las pensiones (del 8,6% al 12% del PIB), seguida de lejos por protección social (del 4,2% al 4,8%) y sanidad (del 5,7% al 6%). El gasto en educación se ha mantenido en el 4% del PIB.
Segundo, la subida del gasto social se debe al mayor número de personas que se jubilan o requieren servicios médicos con más intensidad, consecuencia del envejecimiento de la población. Sin embargo, las coberturas son menos generosas. En las pensiones el deterioro ha sido mínimo: desde 2007 la pérdida de poder adquisitivo ha sido del 1%. En sanidad han aumentado las listas de espera para operarse o el tiempo de demora para ver al especialista. El ajuste más serio está en educación: el gasto por estudiante en enseñanza obligatoria ha caído más del 20%.
Tercero, el gasto social en España tiene una capacidad redistributiva baja porque cubre necesidades más propias de las clases medias que de las vulnerables. Como la desigualdad en España (y en Europa) subió durante la crisis, cabe presumir que una parte mayor de la población está desatendida. Además, el papel redistributivo es especialmente bajo para los jóvenes, con el riesgo de crear una brecha intergeneracional.
La intuición por tanto es correcta. Aun así, es preciso reconocer que la sanidad española está entre las diez mejores del mundo según la OMS (Organización Mundial de la Salud) y que las pensiones, en relación al salario medio o a las aportaciones realizadas al sistema en la vida laboral, comparan favorablemente con las europeas. En educación, sin embargo, el abandono escolar y los resultados de Pisa nos dejan en mal lugar, aunque no es solo una cuestión de dinero.
2. Otra intuición, menos compartida, defiende que es posible mantener –incluso elevar– la cobertura de servicios y prestaciones sociales sin subir impuestos, o subiéndolos solo a segmentos muy concretos de la población. El tiempo lo dirá, pero, como mínimo, es improbable lograr las dos cosas a la vez:
Primero, las proyecciones para el gasto en sanidad y, sobre todo, en pensiones, tienen una inequívoca tendencia a subir –con las prestaciones actuales–, por las razones ya mencionadas. En sanidad se estima que un 0,5% y en pensiones hasta un 3% del PIB hacia 2050.
Segundo, la inversión pública, que incluye I+D+i, ha caído del 4% al 2,2% del PIB. Es la gran pagana de la crisis. Hay que invertir para crear prosperidad… y así sostener las políticas sociales.
Tercero, partimos de un déficit público (2% del PIB) que conviene eliminar. La deuda pública es alta y conviene tener margen para afrontar fases de debilidad económica desde una posición saneada.
¿Cómo cuadrar las cuentas?, ¿cómo cerrar esos 2 o 3 puntos de PIB? Las alternativas son replantear el gasto público, por ejemplo, para poner el foco en los colectivos más vulnerables o generar más ingresos.
No hay fórmula indolora para generar ingresos suficientes. Luchar contra el fraude puede aportar unas décimas y mejorar la eficiencia del gasto (la AIReF trabaja en ello) también, pero no soluciona el desafío. Parece inevitable explorar alternativas fiscales. Los impuestos medioambientales, los que afectan a bienes de consumo poco saludables o los digitales, incluso algunos ajustes en el impuesto de sociedades, son alternativas que están considerándose. También las cotizaciones sociales –de forma selectiva–.
Sin embargo, el poder recaudatorio de esas figuras es relativamente moderado. Por tanto, no puede descartarse que, si solo se elige la vía de los ingresos, en algún momento, la mirada se dirija hacia figuras impositivas de mayor poder recaudatorio, el IRPF y el IVA. No tanto a sus tipos impositivos, semejantes a los europeos, como a las deducciones que reducen lo que finalmente ingresa Hacienda y marca la diferencia con los ingresos fiscales en la UE. Algunas están justificadas, otras quizá no tanto. Y no olvidemos que los copagos –selectivos– y peajes son también menores que en Europa.
Como dice el maestro Jagger, no siempre puedes conseguir lo que deseas pero, si te esfuerzas lo bastante, puede que tengas lo que necesitas.
