Hay una partida de deuda pública, sobre la que el Gobierno no tiene planes, y que crece a un ritmo vertiginoso: la contraída por la Seguridad Social con el Estado, para el pago de pensiones fundamentalmente. Las cifras son tozudas e indican que en enero pasado la Seguridad Social debía al Estado 41.193 millones, un 50,5% más que hace un año, cuando esta deuda era de 27.363 millones.
El monto de la actual deuda está formado por algo más de 17.000 millones que el Estado prestó a la Seguridad Social a principios de los años noventa para costear obligaciones de gasto pendientes del Insalud y otros gastos de sanidad, que dependían de la Seguridad Social hasta 1996. A estos préstamos que no han sido saldados desde entonces por decisiones de los sucesivos Gobiernos, se suman desde 2017 dos préstamos concedidos por el Tesoro al sistema para abonar las pagas extra de Navidad y verano de las pensiones por un valor conjunto de algo más de 24.000 millones.
Pero, además, a la actual deuda (41.193 millones) habrá que sumar previsiblemente a fin de año 15.164 millones más que el Tesoro volverá a prestar a la Seguridad Social para financiar las pagas extra.
Con ello, la Seguridad Social podría terminar el presente año con una deuda con el Estado de más de 56.300 millones. O, lo que es lo mismo: la Seguridad Social deberá al Estado más del doble de lo adeudado por los ayuntamientos que, con seguridad, recortarán su deuda por debajo de los 25.000 millones de euros.
Asimismo, los préstamos contraídos por el sistema de pensiones al final del presente ejercicio suponen que la Seguridad Social debe casi la mitad de todo lo que ingresa en un año por el pago de las cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores. Así, 123.584 millones es la previsión de ingresos por cuotas para 2019, siempre y cuando se cumpla un incremento del 7% anual, algo que distintos analistas han puesto en duda.
Lejos de haber abordado esta situación, el Ejecutivo socialista no ha tomado ninguna medida para atajar esta situación. Muy al contrario, ha mantenido compromisos de gasto contraídos por el PP y añadió otros nuevos que han llevado a que la nómina mensual de las pensiones se haya disparado un 7,5% anual hasta los 9.563 millones el pasado febrero. A este incremento del gasto se suma la ausencia de medidas de contención agravadas por la suspensión de los factores de revalorización y sostenibilidad acordados a última hora por el PP para sacar adelante los Presupuestos de 2018 y que fueron ratificados por el PSOE.
