España es el país de la OCDE con menor porcentaje de trabajadores mayores de 65 años aún en activo, con una cuota de apenas el 2,1% a finales de 2018 frente al 11% que contabilizaban de media el conjunto de sus países, según detalla Crédit Suisse en un estudio donde urge reformas en el sistema de pensiones a escala global para garantizar su viabilidad.
La segunda menor participación en el mercado laboral de personas en edad avanzada corresponde a Bélgica, con el 2,6% de los ciudadanos mayores de 65 años entre la mano de obra; por encima del 3% existente en Francia y el 4% en Italia, y mientras en Alemania llegaba al 7,2% y superaba en mucho el 10% en Reino Unido o Portugal.
Al otro lado de la clasificación se sitúan países como Indonesia, con alrededor del 40% de las personas mayores de 65 años todavía entre en la fuerza laboral, el 31,4% en Corea del Sur y en Singapur, India y Chile rozaba o superaba el 25%. En Canadá se aproximaba al 15% y casi al 20% en Estados Unidos.
La alta participación de la población de mayor edad entre la mano de obra en ciertos países contrasta con edades de retiro legales relativamente bajas como ocurre, por ejemplo, en Indonesia, donde la edad de jubilación se encuentra establecida en los 56 años, en Corea del Sur alcanza los 61, en China es de 60 años y en la India el retiro está fijado a los 58 años.
Entre los países con las edades de retiro más altas figuran a su vez Islandia o Noruega donde el retiro legal se alcanza a los 67, y allí el 23 y 11%, respectivamente, de sus mayores de 65 años continuaban en activo.
Según el estudio del Servicio de Estudios Crédit Suisse, la tardanza en abandonar el mercado laboral en países en vías de desarrollo como Indonesia e India obedece a que sus sistemas de pensiones están subdesarrollados o aún en fase de maduración, de forma que apenas cobran por la prestación y no tiene más remedio que seguir trabajando para sostenerse a sí mismos y a sus familias.
En otro grupo de países más avanzados como Japón o Corea del Sur refiere que muchas personas siguen trabajando porque, a menudo, sus prestaciones para la jubilación son bajas, pero, a veces, lo hacen también porque posponer la salida se encuentra incentivado con aumentos en sus percepciones por jubilación. Por ejemplo, retrasar en un año la jubilación en Japón supone cobrar un 11,3% más y el 11% adicional si se pospone en Corea del Sur.
En un tercer grupo sitúa a países como Francia, España o Alemania, donde no es necesario prolongar la vida laboral, aunque advierte que con las crecientes presiones demográficas y económicas sobre los sistemas de pensiones también se está aumentando la necesidad de trabajar más tiempo.
La realidad final es que en los países de la OCDE, los hombres se retiran a una edad promedio de 65.4 años y las mujeres en 63.7, con datos de cierre de 2018. Pero hay diferencias notables entre países y regiones: en la UE, las edades promedio de salida del mercado laboral se sitúan en 64 años para hombres y 62.3 para mujeres; mientras que en otros como Corea del Sur el promedio es de 72.3 años para ambos, el valor más alto entre los países de la OCDE, y en Japón y Chile, Indonesia e India, los hombres trabajan en promedio hasta alrededor de 70 o más.
Alargar la edad de jubilación
En términos generales, Crédit Suisse conmina en su estudio a efectuar un “replanteamiento urgente” de los sistemas de jubilación y alerta de que el problema ya no se circunscribe solo a los países desarrollados, sino que es común dada la tendencia generalizada al envejecimiento progresivo de la población por el aumento de las expectativas de vida y la disminución de las tasas de fertilidad.
“Los formuladores de políticas se han enfrentado a una creciente oposición a la reforma de los sistemas de pensiones. Sin embargo, cuanto más se demore el debate, más difícil será revertir las consecuencias negativas del aplazamiento”, alerta en el informe.
A su juicio, la alternativa de movilizar fondos adicionales aumentando los impuestos puede resultar poco efectiva ya que en muchos países de la OCDE la presión tributaria es alta y existiría un riesgo a la evasión fiscal.
Para el servicio de estudios, el enfoque más conveniente para aumentar la sostenibilidad del sistema de pensiones “debería ser un aumento gradual de la edad de jubilación”, que ampliaría la fase de ahorro y acortaría el periodo de pago de prestaciones; al tiempo que se favorece el ahorro y se instauran incentivos a prolongar la carrera laboral.
Asimismo, aboga por replantear la educación para actualizar los conocimientos de los trabajadores mayores, sobre todo, con el reto de la digitalización y plantear nuevas formas de trabajo (por ejemplo, a tiempo parcial o empleo temporal).