El sector público se ha convertido, tras el final de la crisis que comenzó en 2008, en uno de los motores del mercado laboral, fundamentalmente gracias a la reactivación de la oferta de plazas de funcionario en todas las administraciones y en áreas claves como educación, sanidad, servicios sociales o actividades postales. El nuevo impulso de la oferta pública de empleo, tras ejercicios de ajustes, racionalización y limitaciones en el reemplazo de efectivos, ha propiciado que solo en el último trienio -2017 a 2019- se hayan creado 110.000 puestos anuales de funcionarios cada año -más de 300 por día-, hasta un total de 334.559, sin tener en cuenta las ofertas en las administraciones locales e incorporando 13.323 que se han generado en Correos, en las Autoridades Portuarias y en Renfe.
Sin embargo, esta ‘extraordinaria’ oferta de puestos de trabajo apenas ha servido para generar empleo neto en las administraciones, ya que un 45% de estos puestos ha servido para cubrir bajas por jubilación, fundamentalmente en la Administración General del Estado y Justicia; y consolidar y estabilizar empleo -mas de un 50%- en las comunidades y el área de sanidad. Los datos forman parte de una tabla elaborada por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) a partir de la Oferta Pública de Empleo (OPE) publicada en los Boletines Oficiales del Estado y las diferentes autonomías durante los años 2017, 2018 y 2019.
La masiva oferta de empleo público apenas es suficiente para cubrir las bajas que se producen y para convertir en indefinidos los puestos temporales de las administraciones, que según la última Encuesta de Población Activa (EPA), relativa al primer trimestre del año, suponen ya el 26,8% del total, 2,3 puntos más que hace un año. Mientras, el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que edita semestralmente el Gobierno central y en el que se detalla el número y el perfil de los efectivos al servicio de las distintas administraciones, deja patente el envejecimiento de los empleados públicos, que en su mayoría entraron en la Administración General del Estado a mediados de los 80.
Siete de cada diez empleados en los ministerios y sus organismos autónomos tiene más de 50 años y casi un 17%, más de 60, un contexto que solo podía cambiar con un rejuvenecimiento radical de los empleados públicos, que según los sindicatos, debería venir de eliminar las limitaciones a la reposición y de generalizar la jubilación voluntaria. El registro muestra también que el número de empleados públicos entre enero de 2017 a julio de 2018 -último dato disponible- apenas ha aumentado en 60.327 efectivos, pasando de 2.583.494 a 2.523.167.
Especialmente grave es la situación en la Administración General del Estado (AGE). En este área, el número de empleados públicos se ha reducido en más de un 16,7% en apenas ocho años y ha pasado de los 241.152 que se registraban en enero de 2010 a los 201.030 de julio de 2018. Carlos Álvarez, secretario general del sector de la AGE de UGT, asegura a La Información que la situación es especialmente complicada en lo que respecta al personal laboral que trabaja en los ministerios, cerca de 35.000 efectivos que tienen de media más de 57 años, frente a los 53 de media entre los funcionarios. Este colectivo ha logrado recientemente el acceso a la jubilación parcial anticipada.
Mientras, en la Seguridad Social, según destaca en un informe Comisiones Obreras, el envejecimiento es especialmente grave. En menos de cinco años se jubilarán 4.730 empleados, algo más de dos de cada diez de los que están en la actualidad en plantilla. Pero la situación empeorará todavía más, sino se ponen medidas, dentro de una década, cuando el 57% de los efectivos actuales tendrían que retirarse.
La mayor oferta en una década
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública presentó, a solo un mes de las elecciones generales, la mayor oferta de empleo público en una década, que superaba las 33.000 plazas. El principal objetivo, según se destacó desde el departamento, era reforzar los servicios de atención al ciudadano y, sobre todo, reducir la edad media en la Administración. En la actualidad, los efectivos de la AGE tienen de media 52 años, diez más que la del conjunto de la población activa del país, que ronda los 42,5. Además, es previsible que más de la mitad de la plantilla se jubile en los próximos diez años, un porcentaje que se incrementa al 62% en el caso de los auxiliares administrativos.
