La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada lleva investigando desde el pasado mes de noviembre de 2018 un fraude a gran escala en las ayudas de la Unión Europea, el Estado y las Comunidades Autónomas a la formación para desempleados por parte de centros privados de formación, según la información en poder de eldiario.es. El modus operandi consiste, según la denuncia inicial impulsada por un grupo de docentes y la Agencia Antifraude valenciana, en el cobro de “mordidas” en las retribuciones a los profesores y profesoras autónomos.
“Se justifican formalmente ante las administraciones importes por retribuciones al personal docente que presuntamente no son las que reciben estos, toda vez que los centros contratantes son los que reciben y se benefician de esos importes”, relata el informe de la Agencia Antifraude valenciana del que parte la investigación inicial. Eldiario.es ha hablado con varios profesores y técnicos de la administración que relatan los diferentes tipos de devoluciones del salario que los docentes se ven obligados a hacer a los centros de formación.
El fraude se fundamente en la propia legislación del Estado y que asumen las Comunidades Autónomas. Se basa en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo donde se regula la formación para el empleo y en la resolución de 18 de noviembre de 2018, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se regula la justificación de gastos derivados de la realización de acciones de formación profesional para el empleo, dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados.
Y concretamente en dos puntos, la imposibilidad de los centros de formación de tener un beneficio industrial y el artículo 14 de la resolución: “La suma de los costes directos imputables en concepto de retribuciones de los formadores internos y externos contemplados representarán un coste mínimo del 40% de los costes totales de la subvención a liquidar”. Es decir, de cada cien euros de subvención 40 deben ir a los profesores y el resto a gastos de gestión o alquiler de locales, que se deben justificar o provocan la devolución de las ayudas
