Recolocar a 1,3 millones de ‘parados’: el gran reto de 2021 tras el shock del Covid

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La pandemia deja más de 600.000 desempleados y cerca de 750.000 trabajadores en ERTE. El Gobierno diseña un plan de políticas activas de empleo mientras el BdE avisa que el paro se disparará hasta el 20,5%

La pandemia de la Covid deja ya más de 600.000 parados y cerca de 750.000 trabajadores atascados en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Es el balance de un año crítico para el mercado laboral, que plantea un reto mayúsculo para 2021: recuperar esos 1,35 millones de empleos. El Gobierno es consciente de la dimensión del desafío y trabaja ya en planes específicos para mejorar la empleabilidad de estos efectivos y favorecer su reinserción en el mercado de trabajo. Con cierto optimismo, el Ejecutivo mantiene su previsión de reducción del paro durante los próximos meses, mientras organismos como el Banco de España advierten de que, en el peor de los escenarios, la tasa podría dispararse hasta el 20,5%.

Según las cifras que maneja el Ministerio de Trabajo, la cola del paro ha engordado desde los 3.246.047 inscritos el pasado mes de febrero, cuando las estadísticas eran todavía ajenas al virus, hasta los 3.851.312 parados registrados a cierre de noviembre, que es el último dato disponible. Esto implica que, en lo que va de pandemia, el paro ha crecido en 605.265 personas. En paralelo, los trabajadores afectados por ERTE, que siguen contando como afiliados a la Seguridad Social, alcanzan los 746.900. A la espera de que los departamentos que dirigen Yolanda Díaz y José Luis Escrivá hagan públicos los datos de diciembre, algo que no sucederá hasta principios de enero, todo apunta a un balance de fin de año desolador.

Mientras el Ejecutivo dibujó el pico de la tasa de paro en este año 2020, con un 17,1%, y previó una ligera caída, hasta el 16,9%, en el próximo ejercicio, el Banco de España apunta a una tasa de desempleo más moderada al cierre de este año -gracias al paraguas de los ERTE, que permite mantener cientos de miles de empleos hibernados- que oscilaría entre un 15,7% y un 16,2%, pero con un incremento importantísimo en 2021 que llevaría la tasa, en el mejor de los casos, hasta el 17,1% y en el peor, hasta el 20,5%. En esta línea se han pronunciado varios organismos internacionales, que tampoco confían en que el tejido productivo español sea capaz de absorber toda la fuerza de trabajo que ha quedado protegida por los ERTE. 

Las previsiones, en cualquier caso, están condicionadas por una elevada incertidumbre. Eso sí, cuando asuntos como la posible congelación del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2021 o el eventual recorte de las pensiones que supondrá la futura reforma del sistema acaparan toda la atención, el Gobierno trabaja, de manera silenciosa, en planes específicos para apuntalar el mercado laboral tras el shock de la pandemia. Se trata, por ejemplo, de la nueva Estrategia de Empleo 2021-2024, que se debate desde hace semanas en la mesa del diálogo social y que promueve la reformulación del modelo de políticas activas, o del diseño de un novedoso marco regulatorio para los ERTE, que prime la flexibilidad interna en las empresas frente a la destrucción de empleo, inspirado en el modelo alemán.

La prioridad, más allá de reducir el paro, pasa por evitar que los afectados por expedientes de regulación temporal de empleo se conviertan en ‘zombis’ del mercado laboral. Hay que recordar que en el pico de la pandemia llegó a haber 3,6 millones de ocupados en esta situación y que ese nivel se ha reducido de manera importante con la paulatina recuperación de la actividad tras los meses más duros de confinamiento, sin embargo, el mantenimiento de ciertas restricciones que afectan, principalmente, al sector servicios, ha provocado que unos 750.000 trabajadores estén atascados con su empleo suspendido a día de hoy. El Gobierno ya ha empezado a moverse para evitar que esta situación se cronifique, por ejemplo, facilitando el acceso a la formación a este colectivo para mejorar su empleabilidad.

Pero no solo eso. En paralelo a la mesa de negociación que se reúne de manera periódica para abordar una eventual prórroga de los ERTE más allá del 31 de enero de 2021, el Ejecutivo ya está inmerso en el diseño de un esquema permanente que mira de reojo al modelo alemán. Se trata de un planteamiento a medio plazo que se pretende desplegar en los próximos meses y será fruto, también, del diálogo social. De hecho, Gobierno, patronal y sindicatos ya se comprometieron el pasado mes de julio a elaborar “un marco adecuado de contribución compartida” para los ERTE, “con el fin de consolidar su papel para la adaptación de nuestra economía, en línea con otros países europeos, protegiendo el tejido productivo, el empleo y a los trabajadores en un marco de mayor seguridad jurídica, menor vulnerabilidad y volatilidad y mayor contribución a la estabilidad económica”.

Todo esto, sin embargo, tendrá que esperar. Lo urgente en estos momentos es mantener la red de seguridad desplegada para evitar una sangría mayor en el mercado laboral. En este sentido, el Consejo de Ministros aprobó este martes, dentro del plan de apoyo a la hostelería, la ampliación de los incentivos en los ERTE para las actividades más afectadas por la pandemia, ampliando el catálogo de sectores ‘ultraprotegidos’. Asimismo, se han extendido las bonificaciones a los trabajadores fijos discontinuos hasta octubre de 2021 y se ha dispuesto un plazo adicional de un mes para que los trabajadores que hayan agotado su prestación contributiva por desempleo, su subsidio o la renta activa de reinserción entre el 14 de marzo y el 30 de junio de 2020 puedan solicitar el subsidio especial.

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