Mucho se ha escrito y se escribirá en torno al tema de las pensiones. Sin duda, es atractivo a todos los niveles, pues hay muchas personas que actualmente les afecta o les afectará en el futuro. Casi 9 millones de pensionistas y más de 10,6 millones de pensiones en España dan muestra de su importancia. En la columna de este mes me propongo centrar el debate sobre diversas cuestiones, en mi opinión, de interés.
La primera es que en España tenemos un buen sistema de pensiones, no es un mal sistema en sí mismo. Que necesita reformas y ajustes, los necesita, como todo sistema; pero no parece muy sensato que desde diversos ámbitos se presenten panoramas sin solución, basados en el último dato coyuntural, como si no existiera un mañana. Y lo que quizás a algunos aún nos parezca peor, nunca hubiera existido un ayer. España tiene un razonable sistema de pensiones que nos hemos dotado entre todos los españoles, un sistema por el que debemos ocuparnos más que generar preocupación, es decir profundizar y no quedarse en lo superficial. Hacer sostenible un sistema de pensiones es una cuestión de largo plazo.
Lógicamente debemos ocuparnos, ya que las condiciones no son las de hace años, la estructura de nuestra pirámide poblacional ha cambiado y nuestra esperanza de vida se ha alargado de forma considerable. De hecho, el propio Banco de España apuntaba que el gasto del sistema podría llegar al 16 por ciento en tres décadas frente al 11 por ciento actual. Solo esos dos datos, sin añadir algunos más que desde el punto de vista económico los hay, justificarían en sí mismos la necesidad de reformas estructurales en este ámbito. Reformas que hay que afrontarlas más pronto que tarde, y tenemos el lugar idóneo para plantearlas: el Pacto de Toledo. Ese es el sitio del debate y de la búsqueda del consenso junto con el necesario diálogo social. Ya ha dado muestras de experiencias positivas en sus acuerdos pasados, por tanto, se hace muy necesario el convocarlo de nuevo con una agenda clara, reformista y de futuro. Es una exigencia que deberíamos realizar todos los españoles, la mayoría silenciosa que cada día se levanta y hace país, y pedir que sobre las pensiones no se abran debates parciales, las pensiones son un todo, no es posible abordarlas desde aquello que coyunturalmente interese a no se sabe muy bien quién, por qué y para qué. De hecho, en el reciente eurobarómetro de la Comisión Europea, el 22 por ciento de los españoles -frente al 14 por ciento del resto de la UE-, indicaban estar preocupados por el futuro de las pensiones y lo estimaban como muy importante dentro de los temas a solucionar en la agenda de debates estatales. En este debate, que debe ser del todo y no parcial como ya apunté, hay varios escenarios a clarificar. Por un lado, está la idoneidad del propio sistema en general; por otro, los temas coyunturales o a corto plazo que hay que resolver en relación al déficit de la seguridad social; y, por último, la visión a largo plazo en relación a la sostenibilidad general.
En el primero de los casos, tenemos un razonable sistema, que es corroborado en una breve comparativa internacional. La pensión pública media por jubilación en España está en torno a los 1.077 (media de más de 930 para el total de pensionistas), donde ese mismo dato arroja desde los 1.500 de Suecia, los 1.000 de Alemania, los algo más de 1.080 de Francia, los 550 de Italia o los 400 de Portugal, entre otros. Es esta una comparativa en torno a la pensión pública media por jubilación que se sostiene sobre las cotizaciones de los trabajadores, aunque se ha de tener en cuenta que en algunos de ellos, éstas también se complementan con las aportaciones privadas, ya sea de forma obligatoria o voluntaria (Suecia, UK, etc.). Igualmente, en torno a la edad efectiva de jubilación, la comparativa internacional de España tampoco nos sitúa en los lugares de mayor edad. Por lo que respecta al pasado, obvio que todos aspiramos a mejorar y es necesario, pero no es menos cierto que instituciones como la Comisión Europea o Fedea, en diversos estudios de 2018, concluyeron que durante el período de crisis, los pensionistas españoles lograron en cierta forma mantener el poder adquisitivo y el nivel de vida. Por tanto, nuestro sistema ha funcionado y funciona, pero es claro que ahora, y dado que el escenario presente y sobre todo futuro es otro, la cuestión a resolver es diferente: necesidad de reformas para que siga funcionando.
Como bien apuntan desde el servicio de estudios de Mapfre, el sistema de pensiones que mejor reparto haga de los tres pilares del ahorro que intervienen en la generación de renta futura de los trabajadores: las pensiones públicas, el ahorro vinculado al empleo y el ahorro individual, será o es el más efectivo.
Por tanto, ¿de que deberíamos ocuparnos en el corto plazo?, sin duda del déficit de la seguridad social, apuntado ya desde diversos foros y que la crisis pasada lo acentuó y explica en gran medida. Ahí, desde soluciones como el muy necesario general equilibrio de las cuentas públicas, a otras como reasignar diversos gastos desde las cotizaciones al estado, son el camino, gastos como son los de funcionamiento de la seguridad social u otros relacionados con incentivos al empleo (reducción de cotizaciones u otras).
Estas supondrán una mejor asignación económico-contable del origen o naturaleza del coste, aunque sin olvidar que las reasignaciones son soluciones coyunturales que deberán detraerse de otras partidas; por lo que, junto a ellas, debe trabajarse en el corto plazo el desarrollar políticas activas que consigan mantener la tasa de crecimiento de la economía española junto con la necesaria activación real de la productividad.
A largo plazo, y dentro del ámbito de la sostenibilidad, se debe abogar por seguir profundizando en los parámetros de reformas en la edad efectiva de jubilación, no se puede negar el hecho cierto de que nuestro sistema de pensiones se ideó para una época que la esperanza de vida era muchos años menor y, por otro lado, el parámetro cómputo de la vida laboral. Sobre ambos queda recorrido, dentro de un sistema de reparto y equitativo como el español. Junto a estas medidas del largo plazo, no dejaría de citar la necesidad de trabajar sobre consensos en el ámbito de la necesaria estrategia permanente de favorecer e incentivar la creación de empleo. En efecto, desde el Banco de España, trabajando con datos de INE, UE y también desde otros servicios de estudios, se apuntan cifras como que una tasa de empleo 10 puntos más elevada permite reducir el gasto en pensiones sobre PIB en 3,2 puntos porcentuales, si se mantiene la tasa de sustitución actual, o 2 puntos porcentuales si se reduce la tasa de sustitución hasta el 25 por ciento; o, por ejemplo, que una tasa de empleo del 60-80 por ciento en 2060 reduciría el gasto en pensiones entre el 1,5 por ciento y 6,7 por ciento del PIB. Otras medias a destacar serían la necesaria transparencia en la información sobre la pensión a recibir, de tal forma que se puedan planificar decisiones de ahorro; impulsar e incentivar sistemas complementarios al principal (planes de empresa y planes voluntarios de pensiones, entre otros); y, por ejemplo, decisiones sobre las cotizaciones de los trabajos del futuro, incluidos los que provengan del ámbito de la inteligencia artificial.
El camino no es fácil, pero además de ser apasionante, es un reto y una obligación. El meter solo una de las soluciones aportadas al debate es una decisión parcial que lo invalida. La reforma tiene que ser estructural, mirando el corto, pero con el objetivo mayor del largo plazo, y debe ser ya. Lo importante: que nadie se quede atrás, y eso pasa por mirar mucho más allá de nuestra propia generación.
