El miedo al despido provocó un drástico freno del absentismo laboral en España en los peores momentos de la crisis. La recuperación económica y la mayor estabilidad en el empleo que comenzó en el año 2014 hizo que ocurriera todo lo contrario, que las faltas al trabajo repuntaran y año tras año hayan marcado ratios récord. Como la venta de automóviles o el consumo eléctrico, el absentismo laboral es probablemente uno de los indicadores de recuperación económica más fiables. Así se constata en muchos estudios recientes, en los que la curva ascendente de los indicadores macroeconómicos es casi paralela al que registran las bajas laborales.
El año pasado la economía española creció un 2,6% y se crearon 566.200 puestos de trabajo. Y al calor de este crecimiento el coste del absentismo laboral repuntó algo más del 10%, hasta 85.140 millones, el equivalente a siete puntos del Producto Interior Bruto, según refleja un estudio realizado por Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).
Según este trabajo de la patronal, durante el pasado ejercicio 1.014.707 trabajadores, el 5,3% del total de ocupados, faltaron cada día a su puesto de trabajo. Es lo mismo que decir que el total de ocupados en Galicia o País Vasco no hubieran trabajado ni un solo día en 2018 o que no lo hubieran hecho, por ejemplo, la mitad de los ocupados que tiene la Comunidad Valenciana.
El coste directo de este absentismo por prestaciones económicas a cargo de las mutuas y de las entidades gestoras de la Seguridad Social ascendió a 7.498,54 millones el ejercicio pasado, un 12,892% más respecto a 2017. Y el coste que tuvieron que asumir las empresas -abonan la prestación económica disfrutada desde el 4º y el 15º día por el trabajador- fue de 6.900 millones, un 9,67% más que un año antes. Tomando como referencia el PIB de 2018, se obtiene que el valor de los bienes y servicios que se habrían dejado de producir y prestar por el algo más de un millón de trabajadores asciende a 70.741 millones, dice AMAT.
La crisis marcó en 2008 un punto de inflexión en los gastos dedicados a incapacidad temporal (7.450 millones) y a partir de ahí la curva comenzó a caer, coincidiendo con la etapa más negra para la economía española. Esta tendencia se invirtió a partir de 2013, cuando el coste de las prestaciones se había reducido hasta los 5.000 millones. Desde entonces las curvas de gasto, de días de baja, ausencias del trabajo o de incidencia media no han parado de crecer.