Todo indica que podrían acabar pagando impuestos para contribuir a los ingresos del Estado
El desarrollo tecnológico está cambiando el mundo. Robótica, Internet de las Cosas (IoT), realidad aumentada, inteligencia artificial, big data… están dando forma a la sociedad, la economía, el medio ambiente, la industria… y también al trabajo. Y si el trabajo cambia, las pensiones cambian. Del problema de las pensiones se discute mucho en España, sobre todo ahora y tras una campaña electoral que ha durado más de un mes entre las elecciones generales, las autonómicas, municipales y europeas.
Quien más y quien menos, de una forma u otra, ha llevado este asunto en su programa. Y por si los políticos se olvidan cuando pasados los comicios cada uno ocupe su asiento, el sector asegurador se lo recuerda constantemente con un mensaje básico y claro: es necesario abordar las reformas sobre el sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad.
Son muchos los factores que van a tener o tienen un gran impacto en esa sostenibilidad y en su suficiencia y que forman parte habitual del discurso en torno al problema de las pensiones, como el envejecimiento de la población, el entorno de los tipos de interés, la evolución de la economía y sus efectos sobre el empleo y el salario o la posibilidad de descubrimientos científicos con tratamientos que podrían prolongar los límites de la vida humana. Pero hay más, como es ese impacto del cambio tecnológico, un factor que no sale tanto en los discursos.
Sí le ha dedicado un espacio el Servicio de Estudios de Mapfre en su reciente informe ‘Envejecimiento poblacional’, donde explica que hay tres canales a través de los cuales se cree que existe un vínculo entre ambos aspectos: la recaudación, la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, y el ahorro de medio y largo plazo. El canal de la recaudación es especialmente interesante y plantea retos de futuro que probablemente van a dar mucho que hablar y muchos quebraderos de cabeza a los gobiernos.
El canal recaudatorio tiene un vínculo fundamental con los efectos de la automatización sobre el mercado laboral. Según se explica en el estudio, hay dos opiniones sobre sus efectos a largo plazo: la de los que consideran que el Estado va a acompañar la transformación mediante la implementación de procesos de transformación educativa y social impulsados a través de políticas públicas y medidas de política económica que ayuden en esa transformación, y la de los que creen que no será así.
Estos últimos consideran que el efecto de la automatización en el trabajo puede ser devastador y muy perjudicial para los sistemas de pensiones. Hay tres motivos fundamentales. En primer lugar, traerá consigo menos trabajo porque no se crearán puestos de reemplazo para el que haya sido sustituido por las máquinas. Además, los salarios caerán y, por último, se producirá una mayor polarización en las rentas. Menor masa salarial y más desigualdad añadirán presión sobre la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. En este contexto, las máquinas serán odiadas y un objetivo a batir.
Los que parten de esta pesimista premisa proponen medidas para mantener a raya a las máquinas, como limitar la automatización o grabar el capital de la automatización, es decir, imponer un impuesto a los robots.
Este panorama contrasta con el cuadro dibujado por aquellos que piensan que el Estado ayudará en el proceso de transformación tecnológica. Si es así, aumentará el crecimiento, algo que incluso está cuantificado: el crecimiento global adicional hasta 2030 será del 2% gracias a la generación de empleo más cualificado que sustituirá al perdido con las máquinas. Como consecuencia, los salarios crecerán en línea con la productividad adicional ganada y, además, la fuerza laboral será de mayor calidad.
La mayor recaudación que vendrá de un mayor crecimiento apoyará, por tanto, los sistemas públicos de pensiones. Y, además, esos ingresos podrían aumentar con la creación de cargas fiscales adicionales sobre los beneficios corporativos, y sobre las máquinas. Como se aprecia, los robots tienen todas las papeletas para pagar en un futuro impuestos, sea cual sea el escenario principal en el que se desarrolle la transformación tecnológica.
Esta amable perspectiva sobre las consecuencias de la automatización en el trabajo sobre los sistemas de pensiones se completa con otra derivada. La tecnología podría abrir la puerta “a una nueva y más avanzada forma de salida del mercado laboral, no ya como la tradicional y binaria jubilación sino bajo la forma de una salida intermitente y regulada de la fuerza laboral, permitiendo una ‘jubilación activa’ (si se combina con trabajo) o incluso una ‘jubilación inteligente’, en la que existan periodos de cese de actividad combinados con otros momentos de la vida en la que la actividad puede ser retomada”, según se explica en el informe del Servicio de Estudios de Mapfre, un escenario que, por cierto, el seguro reclama desde hace tiempo previo cambio de la regulación.
Parece claro que la irrupción de los robots en el mercado laboral va a generar en el futuro un gran debate a muchos niveles y en muchos ámbitos, también en el de las pensiones. Y aunque acaben pagando impuestos, no se puede obviar que los sistemas de pensiones se enfrentan a muchos otros retos, además de al de la transformación tecnológica, por lo que el desarrollo de los sistemas de previsión complementaria es, y seguirá siendo, una necesidad y una prioridad en la agenda del sector asegurador.
De momento, este ahorro complementario finalista en España sigue siendo una asignatura pendiente. Según una reciente encuesta de Rastreator sobre nuevas tendencias de consumo de los españoles, el 57% de la población cree que cuando se jubile no va a cobrar pensión, un porcentaje que se incrementa hasta el 68% entre los que tienen entre 25 y 34 años.
