Los movimientos sociales no surgen de la noche a la mañana, se forman y consolidan durante un periodo de tiempo indeterminado. Tampoco es habitual que los movimientos sociales desaparezcan a fecha fija, más frecuente es que se escindan formando organizaciones diferenciadas que siguen operando en el mismo campo.
El movimiento de pensionistas, que ya estaba en declive, se ha disuelto y puede que no vuelva a recuperarse, entre otros motivos porque las circunstancias que lo motivaron han cambiado. Tal vez se llegase a reavivar si a causa de la crisis social y económica que está provocando el coronavirus se llegara a congelar las pensiones. Es una posibilidad remota, pues al finalizar el año la tasa de inflación hasta puede resultar negativa.
Se puede seguir hablando del movimiento de pensionistas en general pero el conjunto de asociaciones que se dedican a defender los derechos del colectivo de pensionistas forman un movimiento atomizado, sin vínculo estable. No siendo posible mantener el modelo que surgió en enero de 2018, resulta inevitable volver a las condiciones anteriores, cuando la problemática de las pensiones se encauzaba a través de asociaciones con estructura y base social propia.
Durante más de dos años la lucha en defensa de las pensiones públicas se canalizó a través de un poderoso y singular movimiento social. Alcanzó relevancia política y obtuvo mejoras económicas actuando como grupo de presión sobre los gobiernos de turno. Al desaparecer ese movimiento, que al comienzo era unitario y plural, vuelven a intervenir las asociaciones de pensionistas y reaparecen las centrales sindicales.
Con el reflujo de la lucha los sindicatos de ámbito estatal recuperan el control de la situación. El Gobierno reconoce a las centrales sindicales mayoritarias, además de la representación de trabajadores y de pensionistas, un papel esencial en la negociación de las medidas precisas para atajar las consecuencias laborales del estado de alarma, así como en los posibles pactos para amortiguar la crisis socioeconómica provocada por la pandemia del coronavirus. Por supuesto, participarán en la reforma de las pensiones, que pasa a un segundo plano, junto con la Comisión del Pacto de Toledo.
Guste o no, el protagonismo de las centrales sindicales y organizaciones patronales se intensifica. La crisis actual no guarda relación con ninguna otra a lo largo de la historia. Su origen no está relacionado con el sistema productivo o el financiero. La provoca la necesidad de paralizar el sistema económico para proteger a la población de una mortífera epidemia. La caída del PIB, el aumento de la deuda pública, serán sus consecuencias, no la causa. El desempleo puede alcanzar a finales de año al 20 % de la población activa, afectando sobre todo a los sectores sociales más vulnerables, en particular jóvenes y mujeres, que ya sufrieron la crisis del 2008.
Esos colectivos sometidos al empleo precario, con salarios de miseria, desempeñan actividades esenciales para mantener el funcionamiento de los servicios sociales, mientras el resto de la población permanece en casa. Comercio, limpieza, transporte, asistencia domiciliaria y geriátrica, entre otros, representan un tercio de la población ocupada, sin incluir cuidados no retribuidos, atendidos sobre todo por mujeres en el ámbito familiar.
La crisis permite comprobar que, además de la sanidad, los empleos peor considerados son los indispensables para atender los servicios comunitarios, resultando expuestos al contagio. Las desigualdades sociales, siempre injustas, dificultan la eficiencia del sistema productivo y de la economía. En la crisis del 2008 se rescató a la banca, esta vez hay que proteger a millones personas. Como en la crisis anterior, el colectivo menos afectado directamente volverá a ser el pensionista, teniendo que contribuir la gente mayor a salvar las economías familiares.
En el contexto de ese movimiento unitario y plural, interterritorial e intergeneracional, el colectivo de pensionistas es uno más, subsidiario y complementario. Entre los obstáculos que dificultan la confluencia en la lucha reivindicativa destacan intereses partidistas y protagonismos obsesivos.
Sin embargo, algunas plataformas de pensionistas se resisten a esa “crónica de una muerte anunciada” y ultiman manifestaciones adaptadas a las distintas fases de la desescalada y un gran acto conjunto a mediados de junio.
Muchos siguen confinados en sus casas, pero de manera silenciosa, conectados a través de las distintas herramientas virtuales que ofrece internet, ya están preparando una oleada de protestas adaptadas a las distintas fases de la desescalada en las diferentes zonas del territorio y un gran acto conjunto que pretenden celebrar a mediados de junio.
Las reivindicaciones son las mismas que invadían las calles antes del confinamiento -en esencia, unas pensiones dignas, blindadas en la Constitución, como derecho fundamental e independiente de los gobiernos de turno-, pero ahora toman fuerza ante los rumores de una eventual congelación de las pensiones, una opción que fuentes gubernamentales aseguran que no está entre los planes del Ejecutivo, pero que desde distintas asociaciones de pensionistas se empieza a percibir como una amenaza real ante la situación actual.
Por ejemplo, los pensionistas de Móstoles suspendieron las concentraciones que hacían cada lunes en la plaza, o más bien cambiaron los ‘lunes al sol’ por reuniones virtuales, y a partir de ahora pretenden retomarlas con «pequeñas concentraciones, que iremos ampliando en función de lo que nos permitan las autoridades«, explica el portavoz.
También se echaron a la calle los pensionistas en Bilbao, capital de la revuelta de los jubilados indignados desde principios de 2018. Integrantes del Movimiento de Pensionistas de Vizcaya (MPB) se concentraron este lunes frente a la sede de la Diputación de Vizcaya para reclamar, entre otras reivindicaciones, su principal demanda: «pensiones dignas», tal y como se podía leer en alguna de las pancartas. Eso sí, la manifestación se realizó respetando las normas de seguridad sanitaria y se podía ver cómo los pensionistas, ataviados con sus mascarillas, respetaban las distancias de seguridad interpersonal que recomiendan las autoridades sanitarias. Aun así, desde la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT-Euskadi rechazaron el acto porque la situación actual de la pandemia «desaconseja iniciativas como ésta, forzando los límites de la legalidad
Por otra parte, el Movimiento Pensionista de Madrid llama a una concentración a nivel estatal a mediados de junio, y está por ver cómo queda finalmente el diseño del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y los requisitos para acceder a esa nueva prestación.
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