La revalorización de las pensiones debería ser negativa durante al menos cinco años para devolver el equilibrio financiero al sistema. En este plazo, hasta 2023, el valor de las pensiones se reduciría, de media, un 4,6%, a lo que habría que sumar la pérdida de poder adquisitivo durante esos cinco años que, asumiendo que estaría en torno al 2% anual, elevaría al 14,6% la reducción necesaria para que el principal pilar del Estado de Bienestar cuadrara sus gastos con sus ingresos. Esto, traducido en euros y para contextualizar cuál sería el impacto de la medida, supondría una pérdida de poder adquisitivo equiparable a unos 165 euros al mes sobre la pensión media de jubilación, y de 135 euros para la prestación media del sistema.
El cálculo procede del grupo de investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia, uno de los centros más avanzados en monitorizar la viabilidad de la Seguridad Social. Se basa en el Índice de Revalorización de Pensiones (IRP), fórmula que incluye el crecimiento de ingresos, el del número de pensiones, el efecto sustitución (pensiones que salen por pensiones que entran) y un factor de corrección del déficit.
El resultado determina la salud financiera del sistema y permite establecer en qué medida pueden moverse al alza las pensiones basándose en ingresos y gastos. También cuántos recursos hacen falta para repartir entre nueve millones de pensionistas subidas como la aplicada este año por el Gobierno, del 1,6%.
Según estimaciones del señalado centro, con un déficit que en 2019 alcanzará 18.641 millones, este año el IRP debería ser un -2,13%. La reforma que introdujo esta fórmula en 2013 estableció un tope mínimo del 0,25% de manera que las prestaciones nunca se devaluaran, si bien el efecto de la inflación acabó restando 0,09 puntos de poder adquisitivo para el periodo 2014-2017. Suficiente para que entre 2018 y 2019 los pensionistas forzaran al Gobierno a suspender su aplicación.
El doctor en economía por la Universidad de Valencia, Enrique Devesa, explica que el retroceso del 2,13% en el IRP se daría suponiendo que en el futuro se aplicará el IRP con topes (0,25% mínimo). Si esos topes desaparecieran, algo prácticamente imposible por la presión que ejerce el colectivo de pensionistas sobre el arco parlamentario, el valor del IRP para 2019 sería de -1,87%, en 2020 de -1,38% y en 2023 de -0,075%. «Pasaría a ser positivo en 2024: 0,11%», explica.
El experto en pensiones precisa que, pese a la mejora en 2018 del déficit de la Seguridad Social, el IRP se mantiene negativo porque, como indicador, incluye en su cálculo la media de 11 años y son necesarios varios años de crecimiento continuado de ingresos para que se trasladen al resultado. El déficit actual, y el hecho de que ni el Gobierno ni los agentes sociales ni el Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados hayan sido capaces de tomar decisiones para reducir gastos también empeoran la situación del sistema, aunque se haya tranquilizado a los pensionistas con la subida media de 53 euros del año pasado.
