La transición demográfica se acelera. La falta de mano de obra va en aumento y ya la tercera parte de los nuevos empleos la ocupan los inmigrantes. El proceso es imparable
Los intensos cambios demográficos que vive España no están pasando inadvertidos para el mercado laboral. Al contrario. En los últimos 12 meses, alrededor de un tercio de los empleos creados (431.254 nuevos afiliados a la Seguridad Social) ha sido ocupado por trabajadores no nacidos en España. En concreto, 142.374 puestos de trabajo, lo que supone el 33% de todos los empleos que ha sido capaz de generar la economía española.
Esta proporción es muy superior al peso de la inmigración en el mercado laboral, que representa el 11%. Se trata del mayor porcentaje desde que existen series históricas, y, de hecho, se ha roto el anterior récord (ver gráfico), alcanzado en 2008, cuando el ‘boom’ inmobiliario alimentó la entrada de inmigrantes para cubrir las necesidades de las empresas. Si la comparación se hiciera en términos de la Encuesta de Población Activa (que recoge la economía sumergida), el porcentaje sería, incluso, muy superior, cercano al 18%. Y eso sin contar el hecho de que en los datos de afiliación se incluye como nacionales a los nacidos fuera de España pero nacionalizados.
Eso quiere decir que el flujo actual de incorporaciones al mercado laboral se parece mucho a lo que sucedió a finales de los años noventa y ya triplica al acumulado desde que España comenzó a absorber mano de obra foránea, y que está formado (el ‘stock’) por 2,15 millones de afiliados extranjeros, lo que supone un avance del 6,9% respecto del año anterior (octubre sobre octubre). Esto significa también que el empleo entre extranjeros (tanto de la Unión Europea como de países terceros) está creciendo algo más de tres veces lo que está avanzando la afiliación media.
El mayor peso de la inmigración en el mercado laboral tiene que ver tanto con el estrechamiento por la base de la pirámide demográfica como con las necesidades de las empresas, que, como consecuencia del descenso en las cohortes de personas en edad de trabajar (por la caída de la natalidad), tienen que recurrir a la contratación de trabajadores extranjeros para atender sus necesidades. Principalmente, en empleos de baja cualificación, en los que la oferta de trabajadores nacionales es sustancialmente menor y sus salarios, normalmente, más elevados. Los inmigrantes, sobre todo si están en situación irregular, tienden a aceptar empleos con sueldos más bajos o, incluso, ‘en negro’. En palabras del economista Josep Oliver, “el sistema educativo adolece de un problema de cualificación adecuada“, lo que hace que determinados oficios tengan que ser ocupados por inmigrantes. Se da, por lo tanto, la paradoja de que es compatible un paro estructural muy elevado, por encima del 12-14%, y necesidades de inmigración.
Los cambios demográficos son evidentes y ofrecen pocas dudas. Al comenzar el siglo, algo más de 12,1 millones de trabajadores tenían una edad comprendida entre 16 y 35 años; en 2018, ese segmento, sin embargo, era ya de 9,4 millones. Es decir, la fuerza laboral se ha reducido en nada menos que un 22%. O lo que es lo mismo, hay 2,7 millones de personas menos en el colectivo que se incorpora al mercado de trabajo, y que en muchos casos son los que necesitan las empresas.
Robusto crecimiento
Esta tendencia a un mayor peso de la inmigración en el mercado laboral, por lo tanto, lejos de ser pasajera o de estar vinculada a cinco años consecutivos de un robusto crecimiento, es de largo recorrido.
Según una estimación realizada por el economista Josep Oliver, uno de los mayores especialistas del país en las consecuencias del cambio demográfico sobre la evolución de la economía, España se enfrenta al reto de que en la próxima década dos terceras partes de los empleos que se puedan crear vayan a ser ocupadas por inmigrantes. De lo contrario, como asegura Oliver, esas plazas quedarían vacantes, ya que el estrechamiento de la pirámide entre el colectivo que se incorpora al mercado laboral (por falta de nacimientos en las últimas décadas) es insuficiente para atender la demanda de nuevas ocupaciones por parte de las empresas. También en empleos cualificados, como sucede en otros países europeos.
O expresado de forma más concreta, si la economía crece en los próximos 10 años una media anual del 1,8%, ligeramente por debajo de lo que lo está haciendo ahora, se generarían alrededor de 3,7 millones de puestos de trabajo, pero a la luz de la pirámide demográfica, dos de cada tres empleos tendrán que ser ocupados por inmigrantes. Es decir, habrá que mantener un flujo continuo de 250.000 nuevos inmigrantes cada año, con las consecuencias que ello tiene para el tejido social.
No hay que olvidar que, según las últimas proyecciones de Estadística, de mantenerse la tendencia demográfica actual, la pérdida de población se concentraría en el tramo de edad entre 30 y 49 años. Hasta el punto de que este colectivo disminuiría en 2,8 millones de personas hasta 2033, lo que supone un 20% menos. Es más, el descenso de la natalidad provocaría que ese año hubiera 916.162 niños menos que en la actualidad con una edad inferior a los 15 años (-13,1%). Y a menor población, lógicamente, mayores necesidades de aumentar los flujos migratorios netos (saldo entre los que se van y los que entran).
Tarjeta de residencia
Los datos más recientes del Ministerio de Trabajo muestran que el número de extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor hasta el pasado 30 de junio asciende a 5,5 millones, de los cuales 3,3 millones son extranjeros inscritos en el régimen de libre circulación de la Unión Europea y 2,2 millones, en el régimen de extracomunitarios. Obviamente, un número difícil de cuantificar se encuentra en situación irregular, pero pasado un tiempo, logra un permiso de trabajo.
Eso significa que en el último año (junio sobre junio), el número de residentes extranjeros en España ha crecido en 203.305 personas, lo que supone un avance de casi el 4%. Por lo tanto, muy cerca de la cifra media de 250.000 nuevos inmigrantes que precisaría la economía española para atender la demanda de puestos de trabajo por parte de los empresarios.
La Autoridad Fiscal (AIReF) llegó a estimar que en los próximos años entrarían en España (previsión central) unos 270.000 inmigrantes al año. Es decir, alrededor de un 30% por encima de las cifras registradas en 2019. El Instituto Nacional de Estadística (INE), por su parte, realizó unas estimaciones más prudentes en cuanto a la entrada de inmigrantes. Según sus proyecciones, España ganaría alrededor de 1,3 millones de habitantes extranjeros entre 2018 y 2022, y esta tendencia continuaría en años sucesivos, obteniéndose así una ganancia neta de población debida a migraciones de casi 3,4 millones de personas hasta 2033. Por lo tanto, unos 226.000 al año.
Ahora bien, esta evolución contiene una importante dispersión regional. Mientras que en tres comunidades autónomas el número de extranjeros procedentes de la UE crece a ritmos superiores al 6% (Canarias, Cataluña y Murcia), en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja, el crecimiento no llega al 3%. En Aragón, incluso, está descendiendo un 3,1%. Cataluña, en todo caso, con casi 606.000 inmigrantes, es la región con más extranjeros en términos absolutos. En 13 de las 17 comunidades autónomas, la nacionalidad más numerosa de extranjeros es la rumana.
Esta incorporación de inmigrantes al mercado laboral (sin contar los que residen en España pero no han podido regularizar su situación) tiene que ver, lógicamente, con su predisposición al empleo por razones de edad. No en vano, según las cifras oficiales, la edad media de los extranjeros residentes se sitúa en 38,7 años, casi seis menos que los españoles. Pero hay que tener en cuenta que existe una gran dispersión según sea la nacionalidad. Mientras que en el caso de los británicos se sitúa en 53,4 años de media, la de los marroquíes baja hasta los 31,9 años.
