Fedea cree que el sistema de pensiones necesita “una reforma en profundidad”, que exigirá un reforzamiento de las prestaciones universales financiadas con impuestos generales y un pilar contributivo “más flexible y sostenible”, que podría articularse con un sistema de cuentas nocionales.
Así se desprende de una nueva serie de documentos de trabajo sobre cuestiones relacionadas con el sistema de pensiones que va a publicar Fedea en las próximas semanas. En concreto, este primer estudio se centra en las implicaciones de los cambios tecnológicos para los sistemas públicos de pensiones de carácter contributivo.
El autor del mismo, Juan F. Jimeno, ha insistido en la necesidad de que se planteé una reforma “más profunda y radical” del sistema de pensiones. Desde su punto de vista, resulta “crucial” tomar dos decisiones, una por la que se diseñe qué peso relativo han de tener las prestaciones contributivas frente a las asistenciales en la sustitución de rentas laborales en “la lucha contra la pobreza en la vejez, y otra por la que se decida qué tasa de sustitución han de ofrecer las prestaciones contributivas y qué límites mínimo y máximo se establecen a dichas prestaciones.
A su juicio, el análisis económico de las consecuencias de los avances tecnológicos sugiere que necesariamente el peso de las prestaciones contributivas “debe disminuir mientras que debería aumentar el papel de las prestaciones asistenciales”.
Así, piensa que los sistemas de pensiones basados en cuentas nocionales de contribución definida “consiguen de una forma transparente y con los incentivos a la participación laboral adecuados los dos objetivos de toda reforma: sostenibilidad financiera y suficiencia de las pensiones, sin necesidad de decisiones discrecionales cada cierto tiempo, que por razones de economía política y dada la situación demográfica y socioeconómica, serán cada vez más complejas”.
El autor también ha señalado que los sistemas públicos de pensiones se enfrentan en estos momentos a varios retos que “harán que sea cada vez más difícil ofrecer al grueso de la población unas pensiones similares a los salarios que cobraban en activo, como sí ha sido posible durante buena parte del siglo XX”.
Entre estos retos se encuentran el envejecimiento de la población y la ralentización del crecimiento de la productividad, pero también las consecuencias de la revolución tecnológica que “está teniendo efectos disruptivos en los mercados laborales que incidirán sobre los sistemas de pensiones”, o “el rápido avance” de la robótica y la inteligencia artificial, que facilita la mecanización de los trabajos rutinarios.
Según el autor, este avance de la robótica e inteligencia artificial hace que muchos empleos “de clase media” de carácter no manual se mecanicen, y eleva la productividad y la demanda de los trabajadores más cualificados y de los que prestan servicios personales no fácilmente codificables, “generando una mayor polarización salarial y una elevada inestabilidad en el empleo”.
“Puesto que tiende a reducir el peso del trabajo en la producción de bienes y servicios, la automatización podría además traducirse en un menor peso de los salarios en la renta nacional”, ha añadido. Además, cree que las nuevas tecnologías también tienden a favorecer el trabajo autónomo y a distancia, tanto directamente como a través de la creciente importancia de las plataformas digitales, en las que el proveedor de bienes y servicios es independiente del intermediario.
El autor ha señalado que se muestra escéptico ante la posibilidad de que se introduzcan cotizaciones sociales sobre los robots o sobre el capital en general, ya que cree que es difícil definir apropiadamente la base imponible de estas cotizaciones, por su “elevada movilidad del capital y el difícil encaje de la figura en la lógica de unos sistemas contributivos en los que la prestación está ligada a la cuantía de las aportaciones previas de cada trabajador”.
Por otro lado, ha resaltado que la crisis provocada por la pandemia puede tener consecuencias permanentes sobre el mercado laboral, “acelerando tendencias estructurales en la composición sectorial y ocupación del empleo y afectando al crecimiento de la productividad y los salarios, al menos durante unos cuantos años”. “Todo ello configura un escenario muy problemático para los sistemas de pensiones de prestación definida con elevadas tasas de sustitución financiadas mediante transferencias intergeneracionales”, ha añadido.
Para el autor, retrasar la edad efectiva de jubilación para aproximarla a la edad legal (que a partir de 2027 será de 67 años para carreras de cotización inferiores a 38 años y 6 meses y de 65 años para las de más duración) tiene “un impacto limitado sobre el equilibrio financiero del sistema de pensiones”.
También piensa que, aún reconociendo que es necesario promover el ahorro para la jubilación, “la constitución de planes de pensiones de capitalización ni resuelve los problemas de financiación del sistema público de pensiones ni ayuda en gran medida a constituir una renta suficiente para la vejez en un contexto de bajo crecimiento y muy reducidos tipos de interés, especialmente en los trabajadores de menor nivel de renta”.
