El Gobierno está ultimando una subida del IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples

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El Gobierno está ultimando una subida del IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples que se utiliza como referencia para la concesión de multitud de ayudas sociales, subsidios por desempleo, acceso a viviendas de protección oficial, becas de estudio, servicios de asistencia jurídica gratuita, rentas mínimas de inserción o el propio Ingreso Mínimo Vital. Así lo confirman a La Información fuentes conocedoras de las negociaciones que se están produciendo estos días entre los equipos capitaneados por la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero (PSOE) y el secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable económico de Unidas Podemos, Nacho Álvarez, y que culminarán con un encuentro clave entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, donde se cerrarán los flecos del borrador presupuestario que se hará público en los próximos días.

El IPREM lleva congelado en 537,84 euros desde 2017 y apenas ha crecido en 5 euros en la última década. No es un indicador baladí, pues sirve como referencia tanto para determinar la cuantía de determinadas prestaciones como para fijar el nivel de renta que permite acceder a las mismas. Lo introdujo en 2004 José Luis Rodríguez Zapatero para desvincular las ayudas públicas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y mitigar su impacto en los Presupuestos, pero el problema es que con el paso de los años el SMI ha ido creciendo -especialmente en los últimos tiempos- mejorando los ingresos de las familias, y el IPREM ha permanecido intacto, obstaculizando el acceso a las ayudas a excepción de los casos de extrema pobreza.

El Gobierno de coalición progresista es consciente de la problemática y está negociando una solución que se plasmará en los Presupuestos de 2021. Fuentes cercanas a las negociaciones avanzan que, junto con los cambios en materia fiscal, esta es una de las cuestiones que todavía se están perfilando de cara a la presentación del borrador y que, de llegar a fructificar, será uno de los grandes anuncios de Sánchez y Iglesias. La medida tendrá un impacto en las partidas de gasto de los PGE no menor, pero difícil de cuantificar, habida cuenta de que no solamente el Estado vincula los requisitos de renta y la cuantía de las prestaciones a este indicador, sino que también lo utilizan como referencia las comunidades autónomas y corporaciones locales.

En cualquier caso, es responsabilidad del Gobierno, a través de los Presupuestos Generales del Estado, actualizar este indicador cada año atendiendo a la evolución de los salarios y a la situación económica en general. Aunque la pandemia de la Covid-19 ha provocado un ‘shock’ económico sin precedentes que causará estragos importantes en las rentas, precisamente para proteger a los colectivos más vulnerables ante esta crisis el PSOE y Unidas Podemos mantienen intacto su compromiso programático: “Subiremos el IPREM y estudiaremos objetivar los mecanismos de actualización”, rezaba el documento.

Hay que recordar, además, que los partidos de la coalición ya pactaron una subida del IPREM en los Presupuestos fallidos de 2019. En aquella ocasión, en tiempos prepandemia, socialistas y morados acordaron un incremento del 2%, hasta los 548,6 euros. Ahora, las fuentes consultadas evitan hablar de cifras, si bien admiten que el golpe del virus ha trastocado todos los planes y que podrían estarse valorando opciones como la actualización del indicador en base a la inflación prevista para el año próximo, que según el Plan Presupuestario remitido a Bruselas es del 0,9%, proporción en la que subirán las pensiones. En cualquier caso, los cambios deberán abordarse en el diálogo social, pero la idea es plasmarlo ya en el borrador de presupuestos

Y otro asunto que se llevará a la mesa con patronal y sindicatos, pero que es de vital importancia para el Gobierno y así lo quiere dejar negro sobre blanco ya en el borrador presupuestario, es el futuro inmediato del SMI. En el plan remitido a Bruselas solo se aporta una pincelada: que se llevará a cabo un “aumento del salario mínimo” con una “previsión de afectación a cerca de 2,5 millones de trabajadores“. Fuentes gubernamentales insisten en que el compromiso sigue siendo alcanzar los 1.200 euros al final de la legislatura, si bien en el diálogo social, incluso en el flanco sindical, auguran que la meta tardará más tiempo en alcanzarse tras la Covid o, dicho de otra manera, que la subida de 2021 no será tan fuerte como se habría planteado de no estar atravesando la peor crisis desde la Guerra Civil.

Negociación con los agentes sociales

En paralelo a los PGE, en el último trimestre del año el Ministerio de Trabajo debe empezar a negociar con los agentes sociales la subida del salario mínimo para 2021. Aunque son acuerdos que no suelen cerrarse antes de finales de diciembre e incluso principios de enero, tanto la patronal como los sindicatos empiezan meses antes a definir sus posturas. En esta ocasión, la negociación se presenta compleja porque generalmente se suele ligar (al menos sobre el papel) la subida del SMI a aspectos relacionados con la evolución de la productividad y de la economía en general, y los meses venideros están cargados de incertidumbre. Al menos, en eso coinciden tanto el Ejecutivo como los representantes empresariales y sindicales.

La idea del Gobierno era llevar el SMI progresivamente hasta los 1.200 euros, en base a la recomendación de la Carta Social Europea que indica que el salario mínimo debe suponer el 60% del salario medio nacional. El Ejecutivo quería avanzar ya este año 2020 hasta los 1.000 euros, pero finalmente la presión de las patronales redujo la cuantía hasta los 950 euros. Queda, por tanto, un largo camino para alcanzar una meta que por culpa de la pandemia parece más lejos, según admiten incluso desde los sindicatos, que se muestran dispuestos a aceptar avances moderados para capear la crisis. Los empresarios, de su lado, rechazan un encarecimiento de los costes laborales, si bien asumen que la cuestión va a generar controversia dentro del Ejecutivo, entre el espíritu de Bruselas que encarna Nadia Calviño y el ala más progresista, y finalmente optarán por “retoques estéticos”.

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