El ‘DNI para pobres’ revela que el 40% de los españoles cobra prestaciones públicas

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El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones registra 18.665.215 personas como titulares de alguna prestación del Estado en 2019.

El 40% de los 47 millones de ciudadanos que hay en España cobran una prestación pública, que en algunos casos compaginan con un salario y en otros supone el único ingreso mensual para subsistir, como es el caso de muchos jubilados. Es la primera conclusión que se extrae de la base de datos del sistema Tarjeta Social Universal que entró en vigor en octubre de 2018 y cuyo contenido hasta ahora era un absoluto misterio. Según la información facilitada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en diciembre de 2019 había 18.665.215 personas registradas como titulares de prestaciones, lo que significa que cuatro de cada diez españoles viven gracias a pensiones, subsidios y otras rentas del Estado.

¿Qué es la Tarjeta Social Universal? Se trata de un sistema de información que integra todas las prestaciones económicas públicas, ya sean pensiones básicas o complementarias; contributivas, no contributivas y asistenciales; prestaciones temporales como los subsidios por incapacidad temporal; maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia… y todo tipo de ayudas de pago único. En definitiva, recoge todas las prestaciones sociales o ayudas de contenido económico destinadas a personas o familias.

La Ley 6/2018 de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, dispuso la creación de la TSU al objeto de mejorar y coordinar las políticas de protección social impulsadas por las administraciones públicas. La iniciativa fue fruto de un acuerdo de la Conferencia de Presidentes autonómicos en enero de 2017 e inmediatamente se alzaron voces críticas por entender, como era el caso de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que se trataba de un “carné para pobres” y que suponía volver al “padrón de la beneficencia” del que disponían los ayuntamientos en la primera mitad del siglo pasado.

En líneas generales, la TSU permite que cada persona tenga información en tiempo real sobre las prestaciones y ayudas que percibe o ha percibido y pueda descargarla desde su dispositivo electrónico personal con todas las garantías de seguridad y confidencialidad. Para las administraciones, como suministradores de información y usuarios del sistema, ofrece una visión completa de la protección social que cada ciudadano percibe, lo que permite una gestión y control de las prestaciones y ayudas económicas más ágil y segura. Y para los poderes públicos, busca facilitar la toma de decisiones en el diseño de las políticas sociales.

Así, esta base de datos configura el mapa de las ayudas públicas en España. Según la información de que dispone ahora mismo, esos 18,6 millones de beneficiarios perciben 24.586.474 prestaciones (esto es así porque una misma persona puede ser titular de varias prestaciones). Además se registran más de 18 millones de lo que se denominan  “situaciones subjetivas” de familias numerosas, personas con discapacidad, trabajadores autónomos o jóvenes inscritos en la garantía juvenil, de modo que se acredita su situación ante las administraciones públicas o ante terceros para ser beneficiarios de políticas sociales.

En el apartado de pagos figuraban a 16 de diciembre 11.994 millones de euros, cantidad que podría duplicarse al cabo del mes, habida cuenta de que solo al abono de 9,8 millones de pensiones (para 8,9 millones de pensionistas) la Seguridad Social destinó cerca de 9.800 millones de euros en diciembre, a los que se suman unos gastos de los servicios públicos de empleo (el Sepe, el antiguo Inem) en prestaciones por desempleo de más de 1.700 millones de euros para los cerca de dos millones de beneficiarios registrados a cierre de 2019. 

En una respuesta parlamentaria en la que se detallan estos datos, el departamento que dirige José Luis Escrivá aclara que las prestaciones sociales gestionadas por la Administración General del Estado (AGE) están ya todas registradas en TSU, sin embargo las prestaciones de las comunidades autónomas se cargan directamente desde el Registro de Prestaciones Sociales Públicas. También se está dando un tiempo para que se incorporen voluntariamente al sistema las entidades locales. 

Herramienta de explotación estadística 

“El Gobierno considera que le corresponde ahora al conjunto de las administraciones y organismos con competencias en la gestión de prestaciones sociales que todavía no se han adherido a la TSU transmitir la información de las prestaciones al sistema para el uso y finalidades previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018”, reza la respuesta parlamentaria. Asimismo, desde el Ministerio adelantan que se está desarrollando una herramienta de explotación estadística de la información de la TSU a través de Teradata y Microstrategy que estará a disposición de las administraciones implicadas próximamente.

Y es que además de mejorar en transparencia hacia los ciudadanos y acreditar la condición de perceptores de prestaciones, agilizando y optimizando la gestión y control de las ayudas, esta mega base de datos  tiene mucho también de herramienta de explotación estadística con la que elaborar estudios económicos encaminados a la mejora de las políticas sociales. Asimismo, constituye el paso previo hacia la reordenación y unificación del entramado de ayudas públicas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido de que “los programas de asistencia social no cumplen plenamente sus objetivos” porque “hay lagunas en la adecuación y la cobertura, debido a las ineficiencias en los sistemas administrativos y la falta de coordinación”. En un informe considera que “estas debilidades obstaculizan la reducción de los niveles de riesgo de pobreza, desigualdad de ingresos y exclusión”. “Dado el alto nivel de descentralización, un primer paso para mejorar la efectividad de la asistencia social sería un enfoque más coordinado”, sentencia. Y propone que la Tarjeta Social Universal se utilice para recopilar información sobre todos los beneficios recibidos por los ciudadanos tanto del Gobierno central como de los regionales.

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