La aprobación de los planes de pensiones paneuropeos ha sido bien acogida por la industria y los consumidores porque incrementará la oferta y la competitividad en el mercado de previsión social complementaria, pero existen incógnitas que pueden frenar su contratación, entre ellas su fiscalidad.
Dotar de más opciones a las personas que quieran ahorrar para su jubilación e impulsar el mercado de las pensiones individuales es el objetivo que se ha propuesto el Parlamento Europeo al aprobar los planes personales de pensiones paneuropeos (PEPP). Según fuentes de la Comisión Europea, facilitarán y aumentarán el ahorro de los ciudadanos para su jubilación, ya que ahora solo el 27 por ciento de los europeos de entre 25 y 59 años ha suscrito un producto de pensiones. En España tampoco triunfan. El ahorro en fondos de pensiones y en seguros de previsión social en nuestro país durante 2018 supuso el 16,6 por ciento del total del ahorro financiero de las familias, según datos de Inverco. Así, el volumen de activos gestionados por planes de pensiones en el primer trimestre de 2019 fue de 110.679 millones de euros y los partícipes alcanzaron los ocho millones
Aunque han tardado en llegar, los PEPP han tenido buena acogida por los consumidores y por la industria, ya que «todo lo que sea incrementar la oferta y la competitividad en el mercado de la previsión social complementaria es bienvenido. Lo vemos como un gran avance para los clientes tanto por su alcance supranacional como por sus características», afirma Daniel Martos, director de Vida, Pensiones y Accidentes de Axa.
También Elisa Ricón, directora general de Inverco, reconoce que el texto aprobado ha resultado «equilibrado y realista». Al igual que Eva María Blázquez, vicedecana de la Universidad Carlos III de Madrid y profesora de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, que considera «positivo todo lo que facilite la libre circulación de los trabajadores en la UE y estos productos pueden colaborar con este objetivo. La unificación de las características y la posibilidad de exportarlos de un Estado a otro es fundamental para que los trabajadores contraten PEPP».
COMISIONES MÁS BAJAS
Una de las principales ventajas de los PEPP es su portabilidad. Los ahorradores podrán seguir contribuyendo a ellos aunque se desplacen a otro Estado miembro de la UE. Pero no es su única ‘virtud’, los partícipes tendrán mayores posibilidades de elección de planes y podrán escoger entre una amplia gama de promotores de PEPP en un entorno más competitivo, lo que podría disminuir las comisiones y abaratar el producto. Así lo cree Daniel Martos, para quien «tras la última bajada de comisiones del año pasado, las entidades hemos hecho un fuerte ajuste, si bien es cierto que la entrada de estos productos con comisiones menores puede provocar una segunda oleada». Advierte que habrá que ver «qué ajustes son necesarios para llevarla a cabo sin perjudicar la rentabilidad del cliente».
Por su parte, Eva María Blázquez cree que la competencia siempre beneficia a la reducción de comisiones, «pero dependerá de qué posición adopten las entidades financieras. Si deciden comisionar de forma similar, los partícipes no se beneficiarán de esa competencia».
MAYOR RENTABILIDAD
El aumento de la competencia también podría generar un incremento en la rentabilidad de estos productos debido a que las entidades financieras ‘lucharán’ por mejorar los retornos y atraer así a mayor número de partícipes. Según datos de Inverco, la rentabilidad media anual ponderada para el conjunto de los planes de pensiones españoles es positiva y se sitúa entre el 1 y el 4,2 por ciento, dependiendo del plazo. Daniel Martos está convencido de que los PEPP «generarán un incremento de la rentabilidad de los planes de pensiones, sobre todo por la vía de reducción de comisiones y economías de escala».
Los planes paneuropeos podrán ser ofertados por aseguradoras, bancos, fondos de pensiones de empleo, empresas de inversión y gestoras que podrán establecer PEPP en diferentes estados miembros. Según la CE, con esta nueva legislación, los activos administrados en el mercado de pensiones personales en la UE podrían triplicarse hasta los 2,1 billones en 2030 y se conseguiría el objetivo de que los ciudadanos europeos aumenten su ahorro de cara a la jubilación.
Objetivo muy ambicioso según Elisa Ricón, que no cree que «los PEPP sean un mecanismo que, per se, estimule al ahorro». Tampoco Jesús Pérez, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles, piensa que se consiga este objetivo «si no hay más cambios paralelos que fomenten este ahorro».
FISCALIDAD
Uno de los elementos que más influirá en el ahorro en PEPP es su fiscalidad y este es uno de los interrogantes que se han abierto tras su aprobación y que más incertidumbre crea sobre estos productos. Los eurodiputados consideran que el nuevo modelo debería beneficiarse de un trato fiscal preferencial de los países para atraer a los ahorradores y apuntan dos opciones: la primera es que los planes reciban el mismo trato fiscal que los planes de pensiones nacionales, y la segunda, que todos los países acuerden un trato fiscal específico.
«Este tema está por definir porque cada país está posibilitado para establecer las normas que crea convenientes. Es importante hacerlo bien, tanto a nivel general, donde lo mejor sería establecer un sistema único de tributación en el sistema de aportaciones y en el de prestaciones, y esto solo se podrá conseguir con el consenso de los países implicados, lo que vemos complejo; como a nivel local, donde las normas de equivalencia con el actual sistema de pensiones será un elemento clave», argumenta Daniel Martos, para quien, «la fiscalidad marcará el mayor o menor impacto de estos productos, ya que es una de las principales impulsoras del ahorro a largo plazo», apunta.
Elisa Ricón cree que se trata de una cuestión «sensible», pues la fiscalidad de los planes de pensiones en casi toda Europa sigue el sistema EET, es decir, exención en la fase de aportación (con reducción en base imponible), exención en los rendimientos generados por el fondo de pensiones en la fase de acumulación y tributación al cobro de la prestación. Por tanto, «la portabilidad significa que el Estado que pospone la tributación en los momentos de la aportación y en la fase de acumulación es uno, y el que recauda los impuestos en el momento del cobro de la prestación es otro. Es esta asimetría la que dificulta establecer planes de pensiones a nivel europeo y la nueva normativa está lejos de resolverla».
Ricón reconoce que resolver el problema de las pensiones en España es esencial y espera que «el nuevo Gobierno aborde con acierto esta cuestión, tan importante para el bienestar y la convivencia de los españoles».
