Bruselas advierte sobre la sostenibilidad de las pensiones

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Bruselas acota el espacio para los próximos Presupuestos. Tras examinar los planes remitidos por España para 2020, la Comisión Europea señala un “riesgo de desviación significativa” respecto a las reglas comunitarias, según el borrador de la evaluación que aprobará este miércoles y al que ha tenido acceso EL PAÍS. El Ejecutivo comunitario advierte a España por el peligro de apartarse de los ajustes requeridos y por no realizar un “progreso suficiente” en la reducción de la deuda. Por ello, reclama al próximo Gobierno unas cuentas que cumplan con las normas y que destine cualquier ingreso extra que logre a rebajar la deuda.

El borrador del documento que debe aprobar este miércoles el Colegio de Comisarios también incide en el “progreso limitado” que ha hecho España a la hora de adoptar las recomendaciones que le hizo el Consejo. En especial, Bruselas hace énfasis en el sistema de pensiones. “Las reformas de 2011 y 2013 ayudaron a asegurar la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo”, apunta la Comisión. Sin embargo, señala que ya en 2018 —tras una decisión del Gobierno de Mariano Rajoy— y en 2019 y 2020, los incrementos de las pensiones vuelven a estar “vinculados” a la inflación.

Bruselas no entra a criticar esa medida, pero sí dice que el mantenimiento de ese vínculo y el “aplazamiento del factor de sostenibilidad requerirían medidas compensatorias” para asegurar “la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo”. De hecho, la Comisión destaca que el documento que remitió España incluye nuevas medidas de gasto cuya factura oscila entre 4.700 y 6.000 millones de euros. La principal subida del presupuesto se corresponde con los incrementos salariales a los trabajadores públicos (entre 3.264 y 4.575 millones), pero también con la revalorización de las pensiones (1.404 millones).
La Comisión Europea también destaca que el plan de España guarda silencio respecto a la revisión de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para incorporar el mecanismo con el que “prevenir y corregir” posibles desviaciones de los objetivos fiscales de una forma mucho más automática que ahora, también en las comunidades autónomas.

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