Cerca de 8.000 personas llevan meses esperando destino en la Administración del Estado, pese a haber aprobado su oposición

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El colapso de la Administración llega hasta el punto de que no solo falta personal en los servicios básicos encargados de gestionar las prestaciones excepcionales por el Covid-19, como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o el desempleo y las propias pensiones, que llevan meses de retraso en la tramitación, sino que el Estado ha sido incapaz de encontrar destino a unos 8.000 empleados públicos que llevan meses esperando destino en la Administración General del Estado (AGE) después de aprobar una oposición.

Así lo ha denunciado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha remitido una carta al Ministerio de Política Territorial y Función Pública para pedir la “inmediata” incorporación de 4.880 efectivos que se encuentran a la espera de destino en la AGE, después de haber aprobado la oposición hace meses, y más de 3.000 empleados públicos también esperan nuevo destino en promoción interna.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas se ha dirigido al Ministerio de Política Territorial y Función Pública para reclamar la inmediata incorporación de 4.880 efectivos que aguardan a la espera de destino en la Administración General del Estado, pese a haber aprobado su oposición hace meses. Además, hay más de 3.000 personas que también esperan nuevo destino tras aprobar su promoción interna.

Función Pública se comprometió este verano a realizar las incorporaciones en el último trimestre del año, pero aún no tenemos noticias. Esta situación es inaceptable, teniendo en cuenta la situación de desbordamiento por la que atraviesan organismos como el Servicio Público de Empleo (SEPE) o la Seguridad Social por la avalancha de expedientes como los ERTEs, la Renta Mínima Vital. Y es que la pandemia ha puesto en evidencia las debilidades estructurales de las plantillas.

Se da la circunstancia de que los procesos selectivos de las Ofertas de Empleo Público desde que se aprueban las necesidades hasta que se cubren pasa una media que casi ronda los dos años, en el mejor de los casos.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2021

El próximo lunes, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha convocado para el próximo lunes a la Mesa General de las Administraciones Públicas (ámbito de negociación con los sindicatos más representativos de este ámbito) para abordar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021.

CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, reiteró el pasado lunes su exigencia para el inicio de estas negociaciones, con el fin de abordar tanto las retribuciones del colectivo de empleados/as públicas (reclamamos un plan a varios años para recuperar hasta el 17,9 por ciento de poder adquisitivo perdido) como el necesario incremento de las plantillas.

Además, CSIF ha manifestado su rechazo a la oferta de empleo público para el presente ejercicio (2020) por ser insuficiente para cubrir las necesidades de puestos estructurales. Estas carencias se verán agravadas por la próxima jubilación de un alto porcentaje de trabajadores/as (un 20% de ellos se jubilará en los próximos 5 años).

CSIF ha realizado un Plan Estratégico de Recursos Humanos en las Administraciones Públicas, que contempla un refuerzo de más de 106.000 efectivos (43.477 en AGE) para los próximos tres años para afrontar las necesidades estructurales que se han evidenciado con la pandemia (Administración General del Estado, Educación, Justicia…) Además, la Sanidad requiere un plan adicional, con 289.235 plazas nuevas entre 2021 y 2031.

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