La decisión del Gobierno sitúa a las mutuas de accidentes de trabajo ante un escenario más que inquietante. El sector confiaba en la financiación extra aportada por una eventual mejora del coeficiente -estimaban unos 750 millones de euros más en caso de subirse hasta el 0,060%- para cerrar la sangría que la deriva del absentismo laboral ha provocado en sus cuentas. Entre 2014 y 2017, las mutuas han perdido más de 1.400 millones de euros por la gestión de las bajas no laborales y según las previsiones de cierre de ejercicio a las que ha tenido acceso este medio esperan que en 2018 este agujero se dispare hasta los 739 millones.
El problema ya no es solo que la cobertura de las bajas comunes se haya convertido en un negocio ruinoso para las mutuas sino que su incidencia amenaza con llevarse por delante el sector.
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