Dentro de esta reforma global del sistema de pensiones, mención aparte merecen las de viudedad, que en los últimos años vienen ya siendo objeto de debate. Así lo entiende el Pacto de Toledo, que propone «llevar a cabo de manera gradual la reformulación integral de las prestaciones por muerte y supervivencia, en especial la de viudedad», con el objetivo de «adaptarse a las nuevas realidades sociales y familiares, así como a las circunstancias socioeconómicas de los beneficiarios». Por ello, abre la puerta a introducir, como ya tienen en otros países europeos, una prueba de rentas para acceder a esta prestación que tenga en cuenta la situación financiera de la unidad familiar.
A su vez, deja entrever su posición favorable a utilizar otros criterios como la edad, los hijos o las compatibilidades, en aras a restringir de alguna forma este tipo de prestación y limitarla a quienes realmente la necesiten. En esta misma línea, defiende que la protección se concentre en las personas con 65 o más años para las que la pensión es su principal fuente de ingreso con el fin de «garantizarles una situación de renta equiparable» a la que tenían antes de fallecer su cónyuge. Incluso se muestra partidario de elevar a este colectivo el porcentaje de la base reguladora que se utiliza para calcular su prestación, en la actualidad el 60%.
