El gasto se dispara un 50% y seguirá así. O se actúa o las cotizaciones serán insuficientes
España es uno de los países más envejecidos del mundo. Solo le supera Japón. E incluso hay algunos estudios que lo sitúan a la cabeza de la longevidad allá por 2040, cuando de media se vivirá casi hasta los 86 años, tres más que en la actualidad. Y es que cada década la esperanza de vida aumenta dos años y medio, lo que supone cinco horas más cada día. Así, nueve de cada diez españoles superan la barrera de los 65 años. No es de extrañar, por tanto, que el futuro de las pensiones se sitúe como una de las grandes preocupaciones de los españoles, según se desprende en la última encuesta del CIS.
Es más, actualmente hay cerca de 9,8 millones de pensiones. O para ser más exactos, más de 8,8 millones de pensionistas, porque alrededor de un millón de personas tiene dos prestaciones. Esto significa que prácticamente uno de cada cinco españoles recibe una pensión del Estado después de que en la última década el número de beneficiarios se haya incrementado en 1,2 millones. Y la previsión es que este colectivo siga aumentando, incluso a mayor ritmo, cuando comience a jubilarse la llamada generación del ‘baby boom’, esa que se creó en España a razón de unos 650.000 nacimientos anuales entre finales de los cincuenta y comienzos de los setenta. El momento llegará en 2022 ó 2023, antes incluso para quien se jubile de forma anticipada, y tendrá su pico a mitad de siglo, para cuando se prevé que haya 15 millones de pensionistas.
Si el mercado laboral creciera en paralelo, este fuerte alza no sería tan alarmante, pero no es el caso, ni tampoco hay mucha esperanza de que lo sea en el futuro. Mientras que desde 2008 hay un 15% más de jubilados, el número de afiliados a la Seguridad Social se mantiene prácticamente inalterable: ni siquiera ha aumentado un 1% en la última década. Poco más de 180.000 nuevos trabajadores, frente a los 1,2 millones más de pensionistas. La brecha es clara. Hay 19,4 millones de cotizantes para pagar 9,8 millones de nóminas, que rozan de media los 1.000 euros al mes. Es decir, que apenas hay 2,3 afiliados para sostener a un pensionista.
Desfase
Se trata de una ratio insuficiente para mantener la sostenibilidad del sistema, cuyos ingresos no llegan para pagar las pensiones: este año el gasto superará por primera vez la barrera de los 150.000 millones, lo que supone un 50% más que una década atrás y más del 40% de todo el Presupuesto del Estado. Cada año desde 2011 se profundiza este desfase entre ingresos y gastos, con un déficit acumulado superior a los 100.000 millones.
«La sociedad española ha hecho un enorme esfuerzo para financiar este déficit que equivale a más de 10.863 euros por pensionista», según explica un informe reciente del BBVA Research. Y las previsiones apuntan a que el déficit seguirá engordando en 2019, que volverá a situarse por encima de los 17.000 millones de euros. E incluso podría triplicarse en las próximas tres décadas si se suben las pensiones conforme al IPC, según advierten algunos expertos.
La ‘hucha’, casi vacía
Ante la escasez de ingresos, el Gobierno también se ha visto abocado a echar mano los últimos siete años del Fondo de Reserva creado para la jubilación de los ‘baby boomers’. Y volverá a hacerlo este diciembre, dejando la ‘hucha’ prácticamente vacía, con poco más de 1.500 millones después de haberse extraído 77.500 millones. Además, la Seguridad Social tiene una deuda en forma de préstamo con el Estado de 50.000 millones.
Se ha abierto así una brecha estructural entre ingresos y gastos que parece difícil de cerrar a medio plazo. No será fácil que las cotizaciones sociales vuelvan a ser capaces de financiar este gasto en pensiones. Un reciente estudio del Instituto BBVA de Pensiones asegura que tres años de cotización financian aproximadamente un año de pensión y que cada jubilado recibe, de media, un 30% más de lo que aporta. Y un análisis del Instituto de Actuarios Españoles (IAE) alerta de que si no se acometen reformas de inmediato, las cotizaciones solo cubrirán una cuarta parte del gasto en pensiones en 2050, mientras que desde el BBVA Research calculan que harían falta 29 millones de cotizantes, es decir casi 10 millones de trabajadores más que en la actualidad, para mantener a esos futuros 15 millones de pensionistas.
Reformas pendientes
Es urgente acometer una reforma en profundidad del sistema, así lo advierten organismos internacionales, como la Comisión Europea o el FMI. Se trata del mayor desafío económico que tiene por delante España, pero los partidos políticos, aunque lo saben, se muestran incapaces de consensuarlo e incluso utilizan este tema como arma electoral. Así, el Pacto de Toledo, el encargado de esta diseñar esta hoja de ruta para apuntalar el sistema, saltó por los aires en febrero pasado, precisamente cuando parecía estar cerca del acuerdo tras casi tres años de trabajo.
De hecho, prácticamente estaban cerradas la mayor parte de las 21 recomendaciones en que trabajaban, entre ellas una de las más polémicas: la revalorización de las pensiones, que establecieron que se hiciera en función del IPC real, con lo que se ponía punto y final al índice aprobado por el Gobierno de Rajoy que abocaba a las pensiones a una subida mínima del 0,25%.
La Comisión Europea también había fijado una serie de recetas para poner fin al déficit de la Seguridad Social en 2025, avanzando en la separación de las fuentes de financiación. Así, las cotizaciones sociales solo se destinarían a pagar las pensiones contributivas y el Estado asumiría el resto de gastos, tanto las no contributivas y complementos a mínimos, como los gastos de personal, las reducciones y tarifas planas, las prestaciones de paternidad y paternidad, etc.
Pero no será fácil retomar con la nueva legislatura el trabajo, más con cambios en la comisión, en la que entrará por primera vez Vox con propuestas como la de poner en marcha un sistema mixto. Además, el nuevo Pacto de Toledo que se forme tendrá ante sí la peliaguda cuestión de abordar si se ha de derogar el actual factor de sostenibilidad que está congelado y que reduce la cuantía de los nuevas jubilaciones a razón de la mayor esperanza de vida y, en tal caso, si se diseña uno nuevo. De igual forma, sobre la mesa figurarán medidas de tal calado como elevar las bases máximas de cotización –o incluso destoparlas–, alargar la edad de jubilación, calcular la pensión con toda la vida laboral… y otras pendientes como una reforma de las pensiones de viudedad o nuevos impuestos para pagar las prestaciones. Todo un reto para un Parlamento más fragmentado que nunca.
