El número de empleados con un plan de pensiones promovido por su compañía es de dos millones de personas. Esto supone que solo el 10,5% de los 18,9 millones de afiliados a la Seguridad Social, o uno de cada diez empleados, cuenta con este producto para complementar en el futuro su pensión pública.
Los principales promotores de planes para sus empleados son grandes compañías como bancos, eléctricas y telecos, muchas de ellas antiguas empresas públicas, así como la Administración pública. Así, por ejemplo, los fondos más voluminosos, tanto en número de partícipes como patrimonio, son los de Caixabank, BBVA, Telefónica, Endesa, Bankia, Iberdrola, la Administración del Estado y la Generalitat de Cataluña. Su penetración, en cambio, es mucho más baja en las pymes, que son el grueso del tejido productivo español y por tanto las grandes generadoras de empleo en el país.
La industria privada del ahorro, entre bancos, aseguradoras y gestoras de fondos, lleva tiempo planteando que al igual que en Reino Unido y Holanda, se establezcan en las empresas planes de pensiones cuasiobligatorios que obligan a las empresas a adscribir a sus trabajadores automáticamente a un plan de ahorro, y luego el empleado decide si hace aportaciones o no, pudiendo salirse del producto. La compañía aportaría una cuantía mensual al plan y el trabajador otra procedente de su salario. Además, el sector privado plantea que el Estado también haga una aportación.
