El número de empleados públicos en la AGE se ha reducido en más de un 16,7% en apenas ocho años y ha pasado de los 241.152 que se registraban en enero de 2010 a los 201.030 de julio de 2018, según el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas que elabora el Ministerio de Política Territorial a partir de los datos facilitados por las comunidades autónomas y diferentes organismos públicos.
Buena parte del descenso se debe a la tasa de reposición, que en un principio se fijó en el 10% de las jubilaciones y que se ha ido incrementando a medida que la crisis quedaba atrás. Unido a esto, se ha producido una avalancha de retiros voluntarios en los últimos años, que ha hecho que uno de cada siete funcionarios que acceden a la jubilación lo haga de forma anticipada y voluntaria. Así, según la Memoria de Actividades de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, de las 23.849 jubilaciones de 2017, 16.597 fueron voluntarias.
Los empleados públicos cuentan con un régimen de jubilación diferente al del resto de los trabajadores. Los funcionarios incluidos en el Régimen de Clases Pasivas pueden jubilarse voluntariamente desde los 60 años -la mayoría lo hace justo el día en el que los cumplen- siempre que tengan reconocidos 30 años de servicios al Estado. Pese a todo, el Régimen de Clases Pasivas está en vía de desaparición, ya que desde el 1 de enero de 2011, tras la aprobación del Real Decreto-ley 13/2010, los nuevos funcionarios ingresan en el régimen de la Seguridad Social, con las mismas condiciones de jubilación que el resto de los trabajadores.
Si la tasa de reposición hubiera afectado solo a los trabajadores públicos que han alcanzado los 65 años, los que jubilan de forma forzosa y que son habitualmente los que ganan más que lo que puede obtener como pensión máxima tras la jubilación -2.500 euros brutos-, apenas hubiera sido necesario convocar 7.000 plazas anuales para generar empleo neto en la Administración General del Estado. Ahora, los sindicatos pretenden que se convoquen en los próximos años un mínimo de 30.000 plazas anuales, más otras 15.000 extra en el próximo trienio, para rejuvenecer la AGE y recuperar los funcionarios perdidos durante la crisis.
