El Gobierno se cita a principios de mes con patronal y sindicatos para debatir sobre las pensiones
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, citó este mes de agosto por carta a los sindicatos y a la patronal para abrir la mesa de diálogo social sobre las pensiones este mes de septiembre, que discurrirá en paralelo al desarrollo de los trabajos de la comisión del Pacto de Toledo. Se trata de un tema delicado teniendo en cuenta que la grave crisis provocada por el COVID-19, que amenaza con duplicar el déficit estructural de la Seguridad Social hasta situarlo en cerca de 40.000 millones de euros en 2020, está obligando al Gobierno y a los partidos políticos a acelerar la reforma del sistema de pensiones.
El Pacto de Toledo se ve aún más presionado para llegar a un acuerdo a partir del mes septiembre, cuando se reanudarán sus reuniones y comparecerán en el Congreso el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. De hecho, ya se ha convocado a la mesa y portavoces de la comisión para el martes día 1, el miércoles día 2 y el jueves día 3 de septiembre.
Entre los asuntos espinosos pendientes, destacan medidas para atajar el creciente déficit del sistema, la mayor penalización de la jubilación anticipada, el posible adelanto del aumento de la edad de jubilación o la eliminación de las deducciones a los planes de pensiones.
Gobierno y sindicatos
Escrivá convoca la mesa de diálogo social sobre las pensiones para recoger las iniciativas, recomendaciones y sugerencias de patronal y sindicatos. Por parte de los sindicatos, Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras, manifiesta que es necesario resolver de manera estructural la sostenibilidad de las pensiones y que, dado que éstas son derechos subjetivos, el Estado las ha de garantizar con mecanismos de financiación estables, es decir, con transferencias presupuestarias a la Seguridad Social, no con préstamos. De esta manera, no se trasladaría la «apariencia de insostenibilidad permanente» del sistema. De facto, dice Bravo, esto ya ocurre, puesto que los créditos periódicos que el Tesoro da a la Seguridad Social son a tipo cero y la devolución del principal se prorroga indefinidamente.
Desde UGT, Barrera considera que la prioridad pasa por abordar el déficit de la Seguridad Social e insiste en que hay que abolir la reforma de las pensiones del año 2013, puesto que, en la práctica, se traduce en una merma de las pensiones que «no llevaría al equilibrio» al sistema «sino a su degradación por la bajada de su poder adquisitivo», lo que económicamente, afirma, tendría un efecto negativo, porque retraería el consumo. Asimismo, Barrera señala que existe un «déficit irreal» en la Seguridad Social, que se deriva de los gastos que asume y que no le corresponderían, como el de su propio funcionamiento (el de otros ministerios corre a cargo de los presupuestos generales del Estado), las políticas activas de empleo o los sistemas especiales, como el agrario o el marino.
El ministro Escrivá ya manifestó en una de sus últimas comparecencias en el Congreso de los Diputados que el borrador de recomendaciones del Pacto de Toledo de 2019 «es un magnífico punto de partida para desarrollar el modelo de pensiones del futuro». En esa intervención en la Cámara, Escrivá afirmó que «el problema de financiación en el corto plazo es más aparente que real» y que existe un «déficit contable -no económico» en el sistema, debido a que la Seguridad Social soporta una pesa carga que no le corresponde y que pasa tanto por gastos impropios como la merma de ingresos, en la línea de lo manifestado por Barrera.
Mientras, con vistas al largo plazo, Escrivá calificó de «manejables» los retos, aunque haciendo uso de «los instrumentos adecuados». Mencionaba, por ejemplo, la utilización de incentivos positivos que contribuyan a acercar la edad efectiva de jubilación a la legal, en la línea de una de las recomendaciones del Pacto de Toledo: «La prolongación de la vida profesional constituye una necesaria respuesta al alargamiento de la esperanza de vida a fin de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema en el largo plazo». Y, para ello, enumeró medidas como los incentivos a la demora en la jubilación y desincentivos a las jubilaciones anticipadas. Otra de las teclas que Escriva propuso tocar fue el fomento de los planes de empleo desplazando hacia ellos la fiscalidad favorable con que ahora cuentan los planes individuales. Y, al tiempo, Escrivá ponía de relieve el consenso existente respecto a que las pensiones mantengan su poder adquisitivo.