Sánchez echa el resto en el ‘megadecreto’ que busca recaudar más por cotizaciones

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Será este viernes cuando el Ejecutivo eche el resto en un ‘megadecreto‘ que, a pesar del gasto, tiene un trasfondo claro: incrementar los ingresos por cotizaciones en un momento especialmente tenso para la salud financiera de la Seguridad Social. El Gobierno confía en el buen ritmo de los ingresos para financiar la imparable escalada del gasto en pensiones, pero en el departamento que dirige Magdalena Valerio son conscientes de que las aportaciones de los afiliados no son suficientes, por lo que ya han empezado a tomar medidas para mejorar las cuentas.

Por un lado, se endurece la cotización para los contratos de corta duración. Por otro, se eleva la base máxima un 7%, a lo que se suma el impulso del 22% que se da a la mínima como consecuencia del aumento del SMI. Y también se aprueba la subida del 1,25% de la base mínima de cotización del colectivo de autónomos. El Ejecutivo va a modificar el artículo 151 de la Ley General de la Seguridad Social con el objetivo de elevar el incremento en la cotización de los trabajos temporales del 36% al 40%.

El Consejo de Ministros de este viernes va a aprobar la subida del 7% de la base máxima de cotización. Una medida que se ha ganado la oposición frontal de los empresarios, que temen un encarecimiento excesivo de los costes laborales. Según cálculos de la CEOE este “rejón” provocará “un problema de competitividad en el mercado global” porque supone “1.500 millones de euros más que van a tener que pagar las empresas, a 1.500 euros por cada trabajador de aquellos que cobran más de 45.000 euros”. Además, la patronal calcula que las compañías tendrán que hacer frente a otros 2.100 millones de euros al año con el nuevo SMI de 900 euros.

El Gobierno también se ha guardado para su último día de trabajo un guiño a los más de 9 millones de pensionistas, que podrán respirar aliviados al contar con el reflejo legal de la subida de las prestaciones que garantiza su poder adquisitivo el próximo año. Una cesión, esta última, que va a salir cara al Ejecutivo. Poco probable parece que el resto de medidas puedan compensar el gasto estructural que supone para el sistema la subida de las pensiones de acuerdo con el coste de la vida. Mientras, con las cuentas del Gobierno, las mejoras a los pensionistas costarán alrededor de 3.500 millones de euros al año, el Banco de España es menos optimista y eleva la factura a 7.800 millones de euros solo entre este año y el próximo, a razón de 2.500 millones en 2018 y más del doble, 5.300 millones, en 2019. A la vista de este augurio, la Seguridad Social está inevitablemente obligada a exprimir sus fuentes de ingresos para evitar un mayor desequilibrio en el sistema.

 

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