España destina más del 11 por ciento de su PIB a pensiones para nuestros mayores. Esta cifra, así en frío, no dice nada. Para saber qué significa debemos compararla con la de los países de nuestro entorno.
La comparación no es fácil, pues cada país tiene un sistema de pensiones muy diferente. Así, en algunos países consideran las pensiones públicas como un suelo en la renta de las personas jubiladas y se espera que la complementen con ahorro privado. Mientras, en otros, la pensión pública es la principal fuente de renta de las personas que alcanzan la edad de jubilación. Entre los primeros, el caso extremo lo constituye Irlanda, país en el que la pensión pública supone solo un 35 por ciento del último salario cobrado por el pensionista. En el extremo opuesto, se encuentra Luxemburgo, donde la pensión publica supone el 87 por ciento del último salario cobrado. La media de la Unión Europea de este indicador es del 60 por ciento. España, se sitúa en un alto 70, diez puntos por encima de la media europea, pero en línea con otros países de cultura mediterránea, como Francia, Italia o Portugal
Las diferencias, como vemos, son significativas. A pesar de ello, es oportuno analizar cuánto pesa el gasto público en pensiones sobre el PIB en cada país y ver cómo este gasto ha evolucionado en el tiempo. Ello nos permitirá inferir, así, qué presión ejercerá el gasto en pensiones en el futuro y cómo éstas pueden condicionar las finanzas públicas.
Según los datos de Eurostat, en 2017, último año para el que tenemos datos disponibles, España destinó el 11,3 por ciento de su PIB a pensiones, una cifra muy parecida a la media de la Unión Europea, el 11,4 por ciento. Italia (16 por ciento), Grecia (15,9 por ciento), Francia (14,9 por ciento), Finlandia (14,5 por ciento) o Portugal (13,4 por ciento) se situaban ese año muy por encima del porcentaje español. En el entorno del 11 por ciento, es decir, cerca de la cifra de España, tendríamos a Bélgica, Alemania, Polonia, Suecia y Eslovenia. El resto de los países se encontraban por debajo. El extremo inferior es Irlanda, con un gasto en pensiones públicas de apenas el 4 por ciento del PIB.
Entonces, si nuestro gasto en pensiones no parece excesivo en relación al PIB, ya que está en la media europea y es semejante al de países como Alemania o Suecia, ¿hay algún problema? Para saberlo, debemos estudiar no tanto al peso actual de las pensiones, sino a la velocidad con que este peso se está incrementando.
En los diez últimos años, el gasto en pensiones en la UE ha pasado de representar el 10,2 por ciento del PIB en 2007 al mencionado 11,4 por ciento en 2017. Es decir, el envejecimiento de la población ha incrementado el peso del gasto público en pensiones en 1,2 puntos de PIB. En ese mismo período, en España el gasto en pensiones se ha incrementado tres veces más, 3,4 puntos de PIB, pasando de representar el 7,9 por ciento del PIB en 2007 al 11,3 por ciento en 2019.
Esta velocidad de incremento del gasto en pensiones en España se debe a tres causas. La primera es el rápido envejecimiento de la población, superior a la de muchos de los países de nuestro entorno. En segundo lugar, a que las pensiones – su poder adquisitivo – fueron preservadas durante la crisis económica: a pesar del necesario ajuste fiscal, las pensiones siempre se incrementaron durante la crisis, incluso en los años de inflación negativa. Y, en tercer lugar, a la mejora de la pensión media, que crece al aumentar el número de pensionistas nuevos que cobran pensiones más altas.
Es cierto que no somos el país europeo con una tasa de crecimiento del gasto en pensiones más alto. Pero sí estamos en el pelotón de cabeza. Finlandia ha experimentado un crecimiento aún mayor que el nuestro, de 5,6 puntos de PIB, y en Grecia, a pesar de las medidas impuestas por la troika, el incremento ha sido de 3,8 puntos. Pero, a continuación, ya viene España con los 3,4 puntos citados. Para hacernos una idea, en esos mismos diez años en Alemania el gasto en pensiones sobre el PIB no ha crecido y en Italia, a pesar de que ahora tiene el gasto más alto (16 por ciento del PIB), éste, entre 2007 y 2017, apenas ha crecido 1,7 puntos, la mitad que en España.
Debemos recordar que en España las pensiones se financian fundamentalmente a través de las cotizaciones sociales. Las cotizaciones suponen la mayor parte de la brecha fiscal del salario, esto es, de la diferencia entre el salario bruto y el salario neto, o, dicho en otras palabras, la diferencia entre lo que paga el empresario y lo que recibe el trabajador. Las cotizaciones, son en última instancia, un impuesto sobre el trabajo y, en especial, sobre el trabajo menos cualificado.
En el país con la tasa de desempleo estructural más alta de Europa y con un mercado de trabajo con serias dificultades de empleabilidad de jóvenes y parados de larga duración, es preciso moderar el ritmo de crecimiento del gasto en pensiones o, al menos, evitar que el peso del incremento recaiga en exclusiva sobre las cotizaciones.
Las reformas de 2011 y 2013 fueron en la dirección correcta, pero es necesario un nuevo consenso para crear un marco que estabilice el gasto en pensiones y su financiación presente y futura, sin consecuencias no deseadas para nuestros jóvenes. De lo contrario se hará verdad que, como dice el aforismo, lo que mata de las balas no es el plomo, es la velocidad Y la velocidad de crecimiento del gasto en pensiones de España no es buena.
