El Pacto de Toledo ultima una redacción de consenso para otra de las recomendaciones que más disensión generaba en el seno de la comisión parlamentaria: la número 16, la referida a los sistemas complementarios de pensiones, la siempre problemáticas ‘pensiones privadas’.
Según fuentes de la comisión parlamentaria, los grupos han alcanzado un principio de acuerdo para centrar la recomendación en el llamado segundo pilar del sistema de pensiones, los planes de pensiones colectivos o de empresa, y sortear el peliagudo asunto de los planes individuales de pensiones (tercer pilar del sistema), una vez superado el debate sobre la posible eliminación de las ayudas fiscales a los mismos alentado desde el bloque de izquierdas.
Lo novedoso de la redacción en la que trabaja el Pacto de Toledo es que la encomienda al Gobierno para promocionar los planes colectivos de pensiones incluirá una referencia explícita a la gestión de los mismos por parte de Administraciones Públicas o entidades sin ánimo de lucro, cuando la recomendación aún vigente únicamente estipulaba que fueran “externos a la Seguridad Social”.
A día de hoy el mercado de gestión de los grandes planes de pensiones de empresa está controlado por las gestoras de los grandes bancos. De hecho, las gestoras de BBVA y Caixabank controlan en torno al 50% de este mercado.
Parece el Pacto de Toledo ha adoptado como modelo para su recomendación el de Geroa, un sistema de previsión social colectiva independiente impulsado por la patronal y los sindicatos del sector siderúrgico guipuzcoano en 1996 y al que posteriormente se han ido adhiriendo otros 19 sectores hasta conformar el que pasa por ser uno de los mayores planes de empleo del país. El modelo se basa en las aportaciones que al 50% realizan las empresas y trabajadores adheridos al sistema y tiene la peculiaridad de ser gestionado por órganos de gobierno con representación paritaria de empresarios y sindicatos, es decir, que son los propios partícipes los que de algún modo deciden la política de inversión del fondo.
Las aportaciones realizadas por cada trabajador (sumadas también la de la empresa) van a nutrir su ‘cuenta individual’ con la que financiará su futura pensión complementaria y tiene la singularidad de que los beneficios extra obtenidos por la gestión de esos recursos redundan en la mejora de las pensiones de los beneficiarios, mientras que en los planes de empleo gestionados por entidades financieras esa remanente alimenta el margen de rentabilidad del negocio.
El Pacto de Toledo también ha estudiado la viabilidad legal de configurar un gran fondo de pensiones público, que estaría gestionado de forma directa por la Tesorería General de Seguridad Social, del mismo modo que ocurre con las inversiones del Fondo de Reserva, aunque éste tendría un carácter individual y serían los trabajadores los que podrían adherirse de manera voluntaria.
