«Ser secretario general de la Seguridad Social con varios ministros distintos es señal inequívoca -puedo dar fe- de que tus jefes te valoran más de lo que les fastidias».
No es extraño, entonces, que Granado haya expresado más de una vez pensamientos divergentes con las líneas gubernamentales, aunque es disciplinado una vez la decisión es firme. En las últimas semanas, ha advertido que vincular la revalorización de las pensiones a un único indicador (el IPC) «causa siempre a largo plazo más efectos perversos que positivos». A pesar de su opinión contraria, el Pacto de Toledo y el Gobierno han decidido subir las pensiones conforme al índice de inflación. Más éxito tuvo cuando salió al paso de la inicial pretensión de crear un impuesto específico para financiar a la Seguridad Social y dejó claro que es preferible que la inyección financiera llegue por transferencias del Estado antes que arriesgarse a «fiar la suerte del sistema a un impuesto concreto» y enfatiza que «cambiar cotizaciones por impuestos es un mal negocio».
También con él se congelaron las pensiones, una de las nueve medidas de ajuste que, en plena crisis económica y con la prima de riesgo en máximos, el Gobierno de Zapatero aprobó para intentar calmar a los mercados y evitar el rescate.
Firme defensor del equilibrio financiero de la Seguridad Social y de mantener el poder adquisitivo de las pensiones, sabe también que el sistema no puede ser inmutable, sino que tiene que ir adaptándose. Si por él fuera, las pensiones terminarán calculándose «con toda la vida laboral». También cree que hay que revisar la prestación por incapacidad permanente y que lo que debe hacerse es «recolocar a esas personas en trabajos y horarios que puedan realizar», así como analizar las edades de jubilación anticipada.
