La eficiencia de los servicios públicos de empleo a la hora colocar a los parados lleva años en entredicho. Es uno de sus cometidos, aunque no el único, ya que en las oficinas también se gestionan las ayudas y subsidios a los desempleados y se les orienta y forma, pero su gestión en ese ámbito es un auténtico fiasco: apenas el 2,4% de los ciudadanos que buscan empleo son colocados a través de un servicio de intermediación público, según la Encuesta de Población Activa (EPA), que también resalta que cuatro de cada diez jóvenes consigue su trabajo a través de familiares y amigos.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha sido el último organismo en denunciar la falta de eficacia en la recolocación de desempleados y las desorbitadas partidas que se destinan a políticas activas de empleo, entre 6.100 y 6.500 millones de euros, pero sobre todo su deficiente distribución. Asegura que el gasto es muy superior al de otros países europeos, resalta la falta de transparencia, la imposibilidad de evaluar realmente los resultados y el excesivo presupuesto que se destina a incentivos a la contratación, el 40% del total, y la mala formación a los parados, que no está adaptada al mercado laboral.
Para subsanar algunos de los problemas, la Airef ha reclamado revisar el sistema de subvenciones para la formación, una readaptación a las demandas del mercado y mejorar la autonomía de las oficinas de empleo, en línea con lo que sucede en la mayoría de los países europeos con buena nota a la hora de recolocar a los parados. Pone como ejemplo de eficacia para acabar con el paro y gestionarlo a Alemania, Bélgica, Finlandia y Francia, que han conseguido reducir hasta un 50% su tasa de desempleo en los últimos 20 años, mientras en España ha aumentado un 5%. Asegura que las iniciativas que tienen en marcha pueden servir como base para una futura reforma del SNE. ¿Pero que los hace diferentes?
Los servicios públicos de empleo españoles están centrados en la gestión de prestaciones de subsidios y el control de los demandantes de empleo, dejando en un plano residual la intermediación entre trabajadores y empresas… y casi 1,5 millones de desempleados de larga duración, que según Airef están desincentivados a la hora de buscar empleo por la ayuda que reciben. Mientras, la mayoría de los países europeos han profundizado en la colaboración público-privada, lo que ha elevado de forma importante la posibilidad de que los parados encuentren empleo.
España se encuentra a la cola en gasto por desempleado. Mientras Alemania invierte 4.089 euros por parado, nuestro país destina 470 euros, muy lejos del gasto medio de países analizados que se sitúa en 2.548 euros. Junto a esto, cada empleado de los servicios públicos españoles atiende una media de 188 demandantes, tres veces más que en el resto de los países del continente, que han abordado reformas para adaptar sus sistemas nacionales de empleo a las necesidades del mercado nacional, dotándose de mayor flexibilidad a través de una mayor descentralización de las competencias y de una mayor integración entre políticas de empleo y nuevos modelos de colaboración con agentes privados. En este ámbito España está un paso por detrás.
El sistema alemán y el éxito de la formación dual
Alemania ha abordado un profundo proceso de reformas en el ámbito de las políticas activas de empleo que entre otras cosa ha propiciado la creación de los ‘Jobcenter’, que gestionados por ayuntamientos y la Agencia Federal de Empleo facilitan una mayor cercanía a las necesidades del mercado laboral, y la integración de las políticas activas y pasivas de empleo. El modelo de gestión del desempeño en el país centroeuropeo permite analizar los resultados obtenidos por las diferentes entidades locales y su apuesta por la formación dual se ha demostrado eficaz para frenar el paro juvenil. Gracias a esta vía formativa, una vez terminado el aprendizaje, la tasa de inserción en empresas es del 68%. Además, en Alemania los desempleados reciben un cheque que pueden gastar en el centro de formación acreditado que elijan.
Pôle Emploi demuestra eficacia
En Francia, las organizaciones que gestionan los sistemas de prestaciones y dan servicios de empleo se fusionaron para hacer más eficiente la gestión. El Pôle Emploi, creado en 2008, combina medidas activas y pasivas y ofrece a los solicitantes de empleo servicios simplificados y más accesibles. Durante la década que lleva vigente, los resultados se han mantenido estables, los costes operativos se han reducido y se ha mejorado la accesibilidad, según destacaba la Comisión Europea en un informe.
Los agentes sociales gozan en Francia de un papel protagonista en todos los niveles -regional y local- y participan directamente en el diseño de las estrategias de políticas activas. El modelo de gestión del desempeño desarrollado por Pôle Emploi, al igual que el alemán, permite analizar y comparar los resultados obtenidos por las diferentes agencias locales. Además, en el país vecino se impulsa de una manera especial la formación profesional continua, dirigida a los trabajadores que no están en situación de desempleo
El importante papel de los empresarios belgas
En Bélgica, gracias a la descentralización, participan en el proceso de ejecución de políticas activas de empleo numerosos entes. Estas agencias locales -Werkwinkel y Maison de l´Emploi- se articulan como centros que se hacen cargo de las prestaciones por desempleo y las políticas activas de empleo, lo que contribuye a un funcionamiento más eficiente, ya que los parados pueden acceder a cualquiera de estas ventanillas y obtener su prestación y el acceso a las PAE.
Los empresarios belgas tienen la obligación de ofertar y financiar un plan de recolocación. La búsqueda de empleo para estos trabajadores tiene dos modalidades: una voluntaria a propuesta del empleador a los empleados despedidos, salvo por causas disciplinarias; y otra obligatoria, que se da cuando el trabajador despedido tiene 45 o más años y 1 año de antigüedad en la empresa. Los empresarios deben involucrarse de forma activa y financiar en su caso acciones de formación y asesoramiento para lograr la recolocación laboral.
Finlandia, Suecia y Dinamarca, en la vanguardia
El sistema finlandés de empleo, que logra colocar al 15% de los parados, basa su modelo de servicios en la segmentación y agrupación de los distintos perfiles de desempleados. Las Oficinas LAFOS están dedicadas a la atención de los colectivos más vulnerables, habitualmente parados de larga duración con grandes dificultades de integración en el mercado laboral o personas que presentan un riesgo de prolongación del desempleo notable.
Mientras, Suecia y Dinamarca han impulsado iniciativas innovadoras con un notable éxito. En el primer país existen quioscos con enlaces de vídeo a centros lejanos para facilitar el apoyo y el asesoramiento ‘en persona’ a los demandantes de empleo de ámbitos rurales. En el segundo, las oficinas de los SPE son gestionadas por los municipios, que financian los programas y reciben un reembolso parcial del Gobierno posteriormente. Los niveles de reembolso son mayores para las medidas que demuestran ser más rentables, lo que genera unos incentivos ‘extra’ para los entes locales más eficaces.
