El déficit público representa la diferencia entre ingresos y gastos en un año concreto. Mientras, la deuda es la variable a la que se suma o se resta el déficit. El resultado es la deuda pública total.
El déficit de la Seguridad Social sigue subiendo a una velocidad preocupante
La Sra. Montero nos muestra una foto idílica: la Seguridad Social ha dado un déficit contable de 1.455 millones, cuando el año pasado tenían un déficit de 891 millones. Lo que no se dice es que para conseguir esta cifra contable han traspasado casi 7.969 millones, y que el déficit real es de 6.514 millones, un 6,5 % más, y como de los resultados de junio nos enteraremos en septiembre, de momento a celebrar que la Seguridad Social está en manos de los mejores. Eso sí, hasta que un día nos despertemos sabiendo que no se pueden pagar las pensiones, porque ya nadie nos presta dinero y colapsaremos.
Si mensualmente, en lo que va de trimestre, se han necesitado enviar casi 8.000 millones para equilibrar las cuentas de este organismo, en el mes de junio, la Administración Central, si quiere dejar las cuentas oficialmente en positivo, como ha hecho al cierre del primer trimestre, habrá tenido que enviar durante el segundo trimestre 20.000 millones de euros para que este organismo no entre en crack.
Por lo tanto, cerrará el primer semestre con unas transferencias corrientes, o traspasos de dinero, de 28.000 millones de euros. Si lo multiplicamos por 2 para anualizarlo, estamos hablando de más de 50.000 millones de déficit real que va a tener este organismo al cierre del ejercicio 2024.
Si tenemos en cuenta que el déficit enviado a Bruselas es de 45.000 millones, quiere decir que el resto del Estado, la Administración Central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales tendrían que dar en su conjunto un superávit de 5.000 millones.
En el primer trimestre, las comunidades autónomas han dado un déficit real de 6.000 millones, que podrían haber sido 4.000 si les hubiesen llegado los 2.000 millones que se han utilizado para comprar acciones de Telefónica.
Esto quiere decir que, sin pagas extras, las comunidades ahora mismo y de forma real van camino de los 16.000 millones de déficit. Si le añadimos las pagas extras de los empleados públicos, estamos hablando de otros 20.000 millones. Si no paran su ritmo real, al cierre del primer semestre va a ser de 18.000 millones, y por lo tanto de 36.000 millones de forma anualizada.
Hay quien opina que la economía española está a punto de colapsar, que no importa incluso si la cifras que dice el INE son correctas o no, que España no aguanta la estructura de gastos que tenemos en estos momentos. Lo cierto es que la prima de riesgo de Portugal está más baja que la española y que, si aparece cualquier duda mundial sobre la capacidad de repago de la deuda, ese día colapsaremos.
Esto no son visiones catastrofistas, sino visiones realistas de lo mal que lo estamos haciendo, veamos la tabla de los resultados del primer trimestre de la Seguridad Social.
En lo relativo a los ingresos, las cotizaciones sociales han llegado hasta los 48.449 millones, que supone un incremento del 6,8 % sobre el mismo período del 2023, pero los otros ingresos, que no son otra cosa que las Transferencias de la Administración del Estado, han subido en un 52,4 %, para así poder decir que los ingresos han crecido un 11,5 %, y la Seguridad Social ha tenido un récord de ingresos de 56.418 millones. Todo esto tiene como objetivo despistar a Bruselas diciendo que hay superávit en las cuentas de la Seguridad Social.
En los gastos, el más importante con diferencia es el de las prestaciones sociales, que se han ido a 52.000 millones, que ha crecido un 6,8 % y suponen 3.326 millones más que el año pasado, que no pueden ser compensados por los 3.086 millones más de cotizaciones sociales y que cuando llegue junio con la paga extra es cuando se producirá el desajuste.
La deuda de la Seguridad Social sube al 7,8% al PIB
El pasivo alcanza en los 116.000 millones de euros en el primer trimestre, 10.000 millones más que hace un año
El saldo de la Seguridad Social volvió a incrementarse con fuerza durante la primera recta del año. El Banco de España revela que la deuda, que durante los últimos cuatro ejercicios se ha duplicado, despuntó hasta el 7,8% del PIB hasta marzo, y ya se sitúa en los 116.000 millones de euros; 10.000 millones por encima de lo alcanzado hace tan solo un año -un 9,4%- y casi 100.000 millones superior al registro del primer trimestre de 2017, cuando la deuda inició una escalada imparable que le ha llevado a su nivel más alto en toda la serie histórica. Detrás de ese repunte, se esconden las transferencias del Estado para financiar las prestaciones no contributivas -establecido así por Ley- y una parte de pensiones contributivas.
La bola de nieve crece, ante las advertencias de la Comisión Europea, que hace tan solo dos meses instó a España a abordar un ajuste del 0,8% del PIB anual en las pensiones entre los años 2026 y 2028. Antes, en 2025, será el Gobierno quien evalúe la presión que la reforma de las pensiones está ejerciendo sobre las cuentas. El ministerio que dirige Elma Saiz podría verse obligado a aplicar medidas de corrección para corregir el desfase generado por el elevado gasto en pensiones.
La deuda total de las administraciones públicas se situó en los 1.613 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,1% respecto al año anterior. Repunta también la ratio del 107,7% -con el que cerró el años pasado- al 109% del PIB registrado hasta marzo. A pesar de ello, el Gobierno sigue confiando en enfriar la cifra hasta el entorno del 106% a finales de 2024, tal y como recoge el plan de estabilidad fiscal firmado por Moncloa. En el documento, el Ejecutivo promete recortar tres puntos del total de la deuda de las administraciones, a través de un fuerte ajuste -del 2,7%- del saldo del Estado, y de un retoque del -0,2% en el pasivo que acumula la Seguridad Social.
La preocupación en Bruselas no se detiene en la viabilidad del sistema público de pensiones español, sino que se extiende por sobre el abultado volumen de deuda pública. En marzo, el informe de vulnerabilidad redactado por la Comisión Europea reconoció que, aunque “en la última década se han realizado importantes avances políticos, es necesario acometer un mayor esfuerzo para reducir la elevada deuda pública”. Sin embargo, otros organismo -como la AIReF- manejan números más optimistas que con los que trabaja el Gobierno. La entidad presidida por Cristina Herrero confía en que España consiga rebajar la ratio en 1,8 puntos este año, situándola en el 105,8%. Eso sí, pide a Moncloa un plan de ajuste que garantice recortes anuales de 0,63 puntos, para poder cumplir con las reglas europeas.
Presión sobre el plan fiscal
La pelota está ahora en el tejado del Ejecutivo, que en septiembre debe enviar a Bruselas una detallada hoja de ruta fiscal, que no desentone con las directrices comunitarias. Un plan especialmente delicado, ya que comprometerá las cuentas españolas durante los próximos años. Es por ello, por lo que las voces que demandan a Sánchez que busque el consenso se multiplican. Lo hizo Pablo Hernández de Cos en su despedida como gobernador del Banco de España, y también la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, que hace unas semanas pidió llevar el documento al Congreso antes de remitirlo al Ejecutivo comunitario. En concreto, el plan debe garantizar una reducción constante de la deuda pública, a través de un compromiso de control sobre el gasto neto de ingresos.
Cabe recordad que las nuevas reglas fiscales acordadas con la Comisión Europea conceden un rol de control a las autoridades fiscales independientes de los estados miembros. Por un lado, otorga a la AIReF el papel de evaluador de los planes fiscales que -como hará Economía en septiembre- se envíen posteriormente a Bruselas. Por otro, ceden al organismo la responsabilidad de vigilar el marco presupuestario, con la intención de revisar que la senda de ajuste prometida en ese documento se cumple en la redacción y desarrollo de las cuentas públicas.
Fuentes:
El Economista La deuda de la Seguridad Social marca un nuevo récord, tras subir al 7,8% del PIB (eleconomista.es)
