A falta de cuantificar el último trimestre, todo apunta a que el registro de nuevos jubilados caerá este año por primera vez desde 2015.
El ‘efecto pánico’ al Factor de Sostenibilidad que provocó un ‘boom’ de prejubilaciones en 2018 por el temor a una importante rebaja en la cuantía de las pensiones a partir de este año, cuando estaba prevista su implantación, se ha diluido con el retraso de la entrada en vigor de la medida hasta 2023. Así se refleja en las estadísticas, que dan fe de una caída en las nuevas altas de jubilación de todas las edades del 8% en lo que va de año. Un desplome que, de continuar en el último trimestre –todo apunta a que así será– va a provocar el primer retroceso anual de las nuevas jubilaciones desde el año 2015.
Según los datos más recientes de la Seguridad Social, las nuevas altas por jubilación de enero a septiembre de este año descendieron un 7,9% respecto al mismo periodo de 2018. En total, en los nueve primeros meses de 2019 se han dado de alta 226.924 jubilados, frente a los 246.388 que lo habían hecho a estas alturas del año pasado. El hundimiento no es baladí, pues de mantenerse esta tendencia en los meses de octubre, noviembre y diciembre, la cifra total de nuevas jubilaciones podría quedarse en este ejercicio por debajo del anterior, algo que no sucedía en los últimos tres años en los que siempre se han sumado más nuevos jubilados que el ejercicio previo.
¿Existe un cambio de tendencia? Lo cierto es que los datos actuales se ven afectados por el efecto estadístico del ‘boom’ de 2018. Y es que el año pasado se registró un récord histórico de 328.159 retiradas de trabajadores en activo, con un importante incremento de las jubilaciones anticipadas, esto es, antes de la edad legal de los 65 años. Para encontrar la cantidad más cercana hay que remontarse a 2013, en plena crisis, cuando se incorporaron al Sistema 314.204 jubilados.
El economista Javier Santacruz recuerda que en las jubilaciones masivas del conjunto del año pasado, sobre todo en las prejubilaciones (más del 40% del total), tuvo mucho que ver el miedo a la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad, que estaba prevista para el 1 de enero de 2019. Este factor, incluido en la reforma de las pensiones de 2013, se diseñó para ajustar a la baja el cálculo de la pensión y adaptar la cuantía a la esperanza de vida creciente.
Para esquivar el impacto de este elemento, muchos trabajadores optaron por adelantar su jubilación para garantizarse un mejor cálculo de la paga mensual con la que tendrían que subsistir en su nueva vida como pensionistas. Y ello porque les compensaba a pesar de asumir una penalización, pues la cuantía de la pensión que cobra un jubilado se reduce alrededor de un 7% por cada año que se anticipe la edad de jubilación respecto a la edad legal en ese momento.
Pero finalmente no entró en vigor. Fruto de un pacto entre el PP y el PNV para subir las pensiones con el IPC en 2018 y 2019, la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 dispuso que “la aplicación del Factor de Sostenibilidad (…) se llevará a cabo una vez que, en el seno de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, se alcance un acuerdo acerca de la aplicación de las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema. No obstante, y en todo caso, su entrada en vigor se producirá en una fecha no posterior al 1 de enero de 2023“.
La ayuda a mayores de 52 años
Esa prórroga ha instalado cierta calma entre los trabajadores próximos a la edad de jubilación, tal y como constatan las estadísticas de nuevas altas. Si bien detrás del descenso de los nuevos jubilados podrían esconderse otros motivos, como la recuperación del subsidio para mayores de 52 años el pasado mes de marzo. Fuentes del Ministerio de Trabajo achacan el desplome del 8% al impacto que ha tenido esta prestación porque tras los cambios que introdujo el Gobierno socialista los beneficiarios ahora no están obligados a jubilarse anticipadamente, por lo que muchos optan por seguir cotizando con el subsidio.
De hecho, las cifras que maneja el departamento que dirige Magdalena Valerio dibujan un escenario en el que esta ayuda se convierte en una suerte de ‘renta vitalicia’ para sus beneficiarios. Tal y como explicó La Información, en sus cálculos para estimar el coste de esta medida el Gobierno se ha basado en un escenario en el que este colectivo, lejos de reducirse, se va a mantener año tras año y va a ir sumando nuevas incorporaciones en cada ejercicio, hasta llegar a triplicar el gasto para las arcas públicas en los próximos tres años.
De cualquier manera, y aunque en principio la ralentización de las nuevas altas de jubilación debería suponer un cierto alivio para la Seguridad Social, no ha podido evitar que la nómina mensual que se abona por todas las pensiones públicas ya haya superado los 9.700 millones de euros. Hay que tener en cuenta que la pensión media de las nuevas altas es mucho más elevada que las prestaciones que cobraban los que fallecen. En concreto, según los últimos datos, los nuevos jubilados cobran unos 1.440 euros, frente a los 1.040 que percibían los que se dan de baja. No en vano, las nuevas cohortes de trabajadores que se retiran han tenido mejores y más largas carreras de cotización que las anteriores.
Así las cosas, y a la espera de confirmar si se trata de un cambio de tendencia, de momento el menor crecimiento de las nuevas altas de jubilación está teniendo poco impacto en el gasto de la Seguridad Social, que sigue disparado. El Gobierno ya trabaja en un escenario de subida de las pensiones del 0,9% en 2020, mientras la reforma del Sistema no se prevé que llegue pronto. Al menos no hasta que el Pacto de Toledo emita sus recomendaciones, entre ellas, la que decida qué hacer con el Factor de Sostenibilidad que debería entrar en vigor, ahora sí, en 2023.
