¿Revalorización con el IPC? ¿Blindaje? ¿Derogación de la refoma de 2013? Los compromisos sobre pensiones pueden resistir una campaña electoral pero no la proyección de ingresos y gastos del sistema con una realidad demográfica como la española.
«Los partidos saben que están asumiendo compromisos insostenibles pero los políticos nunca toman iniciativas impopulares a corto plazo». Así resumen su diagnóstico sobre el futuro del sistema español de pensiones en el Instituto de Actuarios Españoles, organismo que ha elaborado un completo informe sobre la sostenibilidad y suficiencia de las prestaciones que paga la Seguridad Social y deberá pagar a futuras generaciones.
Los actuarios son los encargados de aplicar modelos matemáticos para la evaluación de riesgos en la industria financiera y su firma es requisito para avalar proyecciones formales de una realidad basada en datos y estadísticas. El informe que presentan está avalado por los mayores expertos en pensiones. Está encabezado por Enrique Devesa, catedrático de la Universidad de Valencia, y lo firman Mercedes Ayuso, de la Universidad de Barcelona; Iñaki de la Peña, de la del País Vasco; Rafael Doménech, de la Universidad de Valencia y responsable de BBVA Research; Miguel Ángel García, de la Universidad Rey Juan Carlos; Gregorio Gil de Rozas, Javier Olaechea y Luis Sáez de Jáuregui, del Instituto de Actuarios Españoles; José Antonio Herce, de Analistas Financieros Internacionales y Miguel Ángel Vázquez, de Unespa, la patronal de aseguradoras.
El informe llega con unanimidad entre los partidos a la hora de revalorizar las prestaciones con el IPC de cara a la campaña electoral. Y básicamente concluyen que el sistema español es «una caja negra» a la que sólo acceden las administraciones y que manejan a su arbitrio, en opinión de Gregorio Gil de Rozas, presidente del instituto.
La revalorización con el IPC es, en opinión de los actuarios, un ejemplo. «Puede suponer un enorme déficit contributivo durante al menos 35 o 40 años excepto que se adopten medidas de gran calado», advierten. En el peor de los escenarios, tomar esta medida llevaría a que en 2050 el déficit de la Seguridad Social representaría ya casi el 10% del PIB. Hoy, la desviación no llega al 2%, cinco veces menos.
«La situación del sistema es incompatible con garantizar el poder adquisitivo de forma aislada; han de presentarse con otras medidas que reformen significativamente el sistema», explican.
En la campaña que está a punto de comenzar, el PSOE anunció ayer públicamente su compromiso con los sindicatos UGT y CCOO para revalorizar con el IPC las pensiones ya en diciembre o, si no es posible, hacerlo más adelante con efectos retroactivos al 1 de enero. La promesa incluye derogar la reforma de 2013 que establecía un mecanismo de revalorización del 0,25% mientras la Seguridad Social presentara déficit, que es el que ha hecho estallar la revuelta de los pensionistas desde 2018.
En la situación actual, los expertos indican que el sistema es «generoso» en términos de adecuación o suficiencia de las prestaciones. Pero advierten que las reformas de 2011 y 2013 podrían hacer disminuir estos indicadores . En concreto, señalan a la de 2011. Esta reforma estableció que, cada año, el período de cómputo para el cálculo de la pensión se incrementa un año. Así, en 2023 se calcularán las pensiones tomando los 25 últimos años de vida laboral del trabajador, frente a los 15 años previos. «En el momento actual puede parecer que no tendrá efecto sobre la generosidad, pero lo tendrá». dice Devesa.
Con todo, el Instituto de Actuarios subraya que aunque al sistema de pensiones le falta una base actuarial con la fijación de mecanismos que orillen las medidas arbitrarias, la solución debe ser política.
En su programa, el PSOE añade que promoverá reformas para hacer sostenible y suficiente el sistema. Lo mismo que el PP, que propone que la fórmula de revalorización incluya otros factores además del IPC. Ciudadanos defiende prestaciones dignas; Unidas Podemos, que se blinde para siempre en la Constitución su poder adquisitivo. Vox, que se evolucione hacia un sistema público privado. Todos ellos, junto a PNV, ERC, CC… serán quienes debatan las reformas en el Pacto de Toledo desde el año que viene.