La temporalidad ya es mayor en el sector público que en el privado

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Ser empleado público y tener un empleo fijo para toda la vida no son sinónimos desde hace tiempo. Pero ahora ya se puede decir algo que hace años era poco menos que impensable: que el peso del empleo temporal es mayor entre los trabajadores del sector público que en las empresas privadas

En el primer trimestre del año, había en España 3.213.600 empleados en las Administraciones y empresas públicas, según los datos oficiales de la Encuesta de Población Activa (EPA). De todos ellos, 862.800 tenían un contrato temporal, lo que supone que su tasa de temporalidad es del 26,8%. Mientras que en este mismo trimestre, las empresas del sector privado contaban con 13,14 millones de asalariados, de los que 3,3 millones estaban contratados de forma temporal: el 25,6%.

Esto no es ni mucho menos habitual, pero tampoco es la primera vez que ocurre en la economía española. También sucedió a mediados de 2009, durante uno de los peores momentos de la crisis.

En los dos trimestres centrales de 2009, al igual que ocurrió con los salarios, el sector público aún mantenía la inercia en la creación de empleo y, lejos de destruir ocupación, las administraciones y empresas públicas ganaron 87.300 empleados en los seis meses centrales del año. Si bien el 91% de todos estos nuevos contratados eran temporales.

Por su parte, en el sector privado habían destruido durante todo 2008 y en el arranque de 2009 casi 1,2 millones de empleos, prácticamente todos ellos de carácter temporal. Por ello, aunque en aquel momento la economía española empezó a cebarse también con el empleo fijo del sector privado –se destruyeron 236.600 en los meses centrales de 2009, el 84% indefinidos– la sangría inicial entre los temporales del sector privado, dejó la tasa de temporalidad de las empresas en el 24,9% (en el segundo trimestre de 2009) y en el 25,5% (en el segundo). Frente a esto, esta tasa se elevó al 25,60% y 26,5%, respectivamente en el sector público.

Tampoco es la tasa de temporalidad más alta que ha tenido el sector público. A finales de 2006, en plena expansión económica, había un 27% de trabajadores temporales en las administraciones y empresas públicas. Pero entonces la eventualidad en el sector privado era casi diez puntos superior (36%)

¿Qué ha provocado que esto vuelva a ocurrir? La falta de ofertas de empleo público durante los primeros años de la recuperación ha hecho que la mejora del empleo desde 2014, que también ha afectado a las Administraciones, haya sido netamente a través de puestos temporales.

Así se demuestra con los datos de la EPA que indican que desde que el empleo público tocó su suelo durante la última crisis en el cuarto trimestre de 2013, con el mínimo de 2.909.400 asalariados, hasta la actualidad, se han creado 304.200 empleos en el sector público y de esta cantidad 283.000 fueron contratados temporalmente. Esto supone que, en términos netos, el 93% del empleo recuperado en las administraciones y empresas públicas es eventual.

De todos los trabajadores temporales del sector público, la mayoría (362.800) son interinos, que cubren la ausencia total o parcial o bien del funcionario propietario de dicha plaza o la inexistencia de un trabajador para dicho puesto. El segundo colectivo más nutrido de temporales está formado por 294.200 empleados con contratos eventuales por circunstancias de la producción o por obra y o servicio determinado.

En cuanto a la duración de estos contratos, la mayoría (alrededor de 400.00) desconocen cuando se terminará su empleo. Aunque en el otro extremo, hay casi 207.000 asalariados públicos que saben que su trabajo durará menos de un año. Y otros 219.000 que tienen contratos de entre uno y tres años.

Desde el sindicato de funcionarios CSIF ven con preocupación este incremento constante de la temporalidad desde 2014. Y consideran que será muy difícil cumplir el pacto firmado entre el ex ministro popular de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, con los sindicatos para llegar a reducir la interinidad al 8% en 2020.

Fuentes de este sindicato denuncian que los procesos de estabilización en el empleo que incluían los Presupuestos Generales del Estado de 2017, no se están produciendo en la mayoría de los casos. Solo en el sector de la educación, se han llevado a cabo con alguna regularidad, pero no así en la justicia ni en la sanidad.

De hecho, según distintos cálculos de los más de 300.000 empleados interinos que podrían optar a dicha estabilización aún estarían pendientes aproximadamente el 80% de las plazas.

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