La sugerencia implica incluir las inflaciones negativas, lo que impide ganar poder adquisitivo
La Seguridad Social apuesta porque la revalorización de las pensiones futuras esté ligada a una media de la inflación de varios años. En esta línea ha propuesto en la mesa de la negociación con los agentes sociales dos fórmulas: la primera sobre la media de cinco años y la más reciente, sobre tres, según explican a eE varias fuentes conocedoras de los detalles de la negociación. Por su parte, fuentes oficiales del Ministerio de la Seguridad Social declinan hacer comentarios sobre las negociaciones en curso.
La última fórmula de la Seguridad Social establece la media de la inflación de los tres años anteriores al que se va revalorizar y en el caso del último año se aplicaría el IPC de enero a noviembre por la necesidad de tener una cifra de revalorización antes de que arranque el año al que se va a aplicar la subida que debe incluirse en los Presupuestos Generales del Estado.
Incluir la previsión de IPC
La otra formula presentada por la Seguridad Social a sindicatos y patronales es usar la media de cinco años: los cuatro anteriores al que se va a aplicar la revalorización, con IPC reales, y el quinto sobre la previsión de la inflación que el Gobierno determine para ese año. Esta fórmula ha contado con un cierto rechazo al entender que incluye un dato ficticio como es una previsión. En la mesa se estudia también si se aplica el IPC anual medio o el de cierre de diciembre de cada año.
Aún así, la fórmula de la media de inflaciones reales no acaba de convencer, especialmente a los sindicatos, porque incluye los IPC negativos, algo que reconoció el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en una entrevista en El Periódico.
De aplicarse finalmente la fórmula plurianual como propone la Seguridad Social, quedaría garantizado que las pensiones se revalorizan al mismo nivel que la inflación, pero nunca por encima, lo que impide a los beneficiarios ganar poder adquisitivo.
Otro efecto, de aplicarse la fórmula de las medias anuales, es que no sería necesario buscar un mecanismo para compensar la diferencia entre lo abonado desde el inicio de año y el comportamiento real de la inflación, como se ha venía haciendo antes de la entrada de la reforma de 2013 del Partido Popular. Lo que se llamaba la paguilla de los pensionistas de enero.
Sin embargo, esto genera controversia, pues si se abona la diferencia cuando la revalorización aplicada a principios de cada año es inferior al IPC de ese año, hay voces que plantean que también los pensionistas deberían compensar al Estado cuando les ha sido favorable y la revalorización aplicada ha superado a la inflación.
Algo en lo que incide el documento entregado esta semana a los agentes sociales que resume la esencia de la reforma de las pensiones que el Gobierno ha planteado a la CE. Habla de un mecanismo que “permita garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones mediante una fórmula vinculada con el IPC y que simultáneamente evite la necesidad de reducciones nominales en el eventual caso de que se produjeran ganancias puntuales de poder adquisitivo, por inflación negativa, por ejemplo”.
Algo que no gusta a los sindicatos. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, declaró que la fórmula propuesta, de la que no quiso dar detalles, garantizaba el poder adquisitivo, pero que no les gustaba, porque “si les gustase ya habríamos firmado el acuerdo”. Y, al igual que el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, insistió en la necesidad de que la fórmula de revalorización sea “muy sencilla”.
Los sindicatos prefieren el modelo que se aprobó en 1996. Cada año se revaloriza la pensión en función de la previsión de inflación y el año siguiente se compensa si ha habido desviación desfavorable al pensionista. Una fórmula que en 1999 se modificó aclarando que los pensionistas no debían compensar la diferencia si la subida era mayor que el IPC real.
