La lacra de la temporalidad laboral empieza en la Administración pública, donde uno de cada cuatro trabajadores tiene un contrato con fecha de caducidad. En concreto, el 24,9 por ciento de los empleados del sector público eran temporales al finalizar el primer semestre del año, la tasa más elevada desde el cierre del año 2009, aunque por debajo del porcentaje de asalariados que trabajan con un contrato de duración determinada en el sector privado, que asciende al 27,2%.
En total, de los 3.117.800 trabajadores que desarrollan su actividad en el sector público, 777.100 de ellos lo hacen mediante un contrato temporal, frente a los 3.579.900 de las empresas privadas.
Hay que recordar que entre los años 2008 y 2009 el porcentaje de trabajadores del sector público con contrato temporal se situó entre el 25% y el 27%, registrando sus valores más elevados. Por contra, su nivel mínimo se alcanzó en el primer trimestre de 2013, cuando se redujo hasta el 19%.
