La Inspección de Trabajo elevará las inspecciones y endurecerá las multas

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Yolanda Díaz planea intensificar las actuaciones en materia de contratación y economía irregular y modificar el régimen de infracciones y sanciones.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social dependerá del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el departamento capitaneado por Yolanda Díaz que ha caído en la cuota de Unidas Podemos en el Gobierno de Coalición. El destino de esta área ha sido uno de los principales puntos de fricción a la hora de separar Trabajo de Seguridad Social y finalmente serán los de Pablo Iglesias los encargados de coordinar estas políticas. Su agenda pasa por la intensificación de las actuaciones y el endurecimiento del régimen de infracciones y sanciones. Otro claro aviso a las empresas.

Despojada de la gestión de las pensiones públicas, que se queda el independiente José Luis Escrivá, nuevo ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Díaz ha peleado hasta el último momento por hacerse con la ‘policía laboral’. Se trata de una herramienta básica y prioritaria para su cartera, pues desde allí vigilará el adecuado  funcionamiento de sectores y empresas en base a la legislación laboral vigente y podrá lanzar campañas específicas contra el fraude en materias como la contratación, el registro horario o la igualdad de género.

La hoja de ruta del PSOE y Unidas Podemos es contundente en esta materia. Respecto a la contratación, por ejemplo, apuestan por reforzar el control de los contratos a tiempo parcial para prevenir su uso fraudulento y garantizar unas condiciones iguales al tiempo completo. Para ello intensificarán las actuaciones de la Inspección, particularmente en materia de tiempo de trabajo y de economía irregular, y endurecerán el régimen de infracciones y sanciones aplicables frente a eventuales incumplimientos por parte de la empresas. También reforzarán la obligación de constancia expresa del horario de trabajo en el contrato a tiempo parcial. Todos estos aspectos son prioritarios.

Asimismo, en el acuerdo programático de los socios de la coalición progresista se avanza que se revisarán las causas del despido, otra materia que corresponde al área de Yolanda Díaz, con la derogación de la reforma laboral del PP en un horizonte no muy lejano. El objetivo es hacer más precisa la definición de las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Y aquí apuestan por reforzar el papel de la ITSS y la autoridad laboral en el control de los despidos colectivos y en otros expedientes de regulación de empleo. 

El impulso a la lucha contra el fraude laboral se hará desde las nuevas tecnologías, “automatizando y conectando procesos y ‘big data’ de diversas unidades administrativas y reforzando el sistema de control y sancionador”, reza el documento. Los esfuerzos se centrarán en tres áreas: el abuso de la contratación temporal concatenada; el uso fraudulento del contrato a tiempo parcial; y las relaciones extra laborales llevadas a cabo en casos de falsos autónomos, falsos cooperativistas o falsos becarios.

Este control también se llevará al área de igualdad, política medular del nuevo Gobierno. Aquí Díaz hará tándem con Irene Montero para legislar en materia salarial y aumentar la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad en las empresas, entre otros asuntos. Para velar por el cumplimiento de estas medidas aquí también quieren potenciar las inspecciones laborales e incrementar las multas a las empresas incumplidoras. En paralelo, se creará la Oficina Estatal de lucha contra la discriminación, integrada en el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Más carga para los inspectores

En definitiva, mayor control… y más carga de trabajo para los inspectores. Unos profesionales que han denunciado en numerosas ocasiones la saturación y la falta de medios ante los nuevos planes de choque puestos en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez: los ‘riders’, las camareras de piso, la contratación temporal, el salario mínimo, el registro de jornada… Durante la etapa de Magdalena Valerio se alcanzó una plantilla récord de 2.055 efectivos, pero insuficiente para hacer frente a la carga de actuaciones, según se quejan los sindicatos de inspectores.

A esta sobrecarga de trabajo se añade la incertidumbre sobre la nueva situación. Fuentes de la Inspección trasladan que, aunque dependan directamente del Ministerio de Trabajo, seguirán teniendo competencias en distintas áreas como Igualdad, Inclusión y Migraciones… y Seguridad Social. Y es que el contrato de trabajo empieza con el alta en el sistema de la Seguridad Social y, por tanto, esa base de datos es indispensable para el desempeño de la labor de los inspectores.

Desde el sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social habían reclamado permanecer en el área que dirige Escrivá tras la división del Ministerio, poniendo en valor que gracias a esa base de datos han podido convertir más de 270.000 contratos temporales en indefinidos, cerca de 66.000 contratos a tiempo parcial en tiempo completo y aflorar casi 160.500 empleos irregulares que antes no estaban dados de alta. Para poder seguir en esta línea los inspectores reclaman a las distintas administraciones (ministerios y comunidades autónomas) que pongan en marcha mecanismos de colaboración en función de sus competencias.

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